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Por Fidel Pérez / Corresponsal
Veracruz.- El sistema carcelario del estado registra por lo menos 3 mil 500 detenciones arbitrarias entre los 7 mil internos que hay en el estado, denunció José Manuel del Río Virgen, presidente del Proyecto Inocencia, que busca liberar a personas encarceladas que no hayan cometido ningún delito.
El exdiputado federal señaló que la Fiscalía General de Veracruz es la tercera peor del país, mientras que el Tribunal Superior de Justicia del estado se ubica en el lugar 31, de las 32 entidades federativas, con menor efectividad.
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En conferencia de prensa conjunta con los abogados penalistas Tomás Mundo Arriasa y Jorge Reyes Leo, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalista (CNAP), señalaron que la fiscalía del estado tiene 0.11% de eficacia en la investigación de los delitos y “hemos venido diciendo que tenemos 95, 96% de impunidad en Veracruz. Lo que hace falta es una verdadera capacitación”.
Adelantó que el CNAP denunciará y exigirá la destitución de un juez por haber encarcelado a un hombre que contaba con amparo y recriminó que la fiscalía de Veracruz “haya olvidado su tarea de investigar”.
Reyes Leo narró que César Marín Montiel fue detenido “ilegalmente, impunemente y le fue cumplimentada una orden de aprehensión”, tras haber sido absuelto del delito de homicidio de su exesposa Mitzi Violeta Salomón Díaz, asesinada a puñaladas en su casa del fraccionamiento Flores del Valle, Veracruz, en julio de 2010.
“El caso es que el juez dejó insubsistente el caso desde hace más de 12 años, al no haber pruebas que lo vincularan. César Marín estuvo cuatro días detenidos, la Fiscalía General del Estado boletinó la detención, sin tomar en cuenta que el caso en su contra ya había quedado insubsistente”, reclamó el jurisconsulto.
Los abogados penalistas lo consideraron un error garrafal y advirtieron que exigirán la destitución del juez Hazael Augusto Narváez, quien determinó ejecutar una orden sin verificar la resolución de amparo, la cual tenía fecha de 2012.
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Coincidieron en que exigirán una disculpa pública a la fiscalía estatal, que la ficha de su detención sea retirada del sistema y que se sancione a los policías ministeriales que lo detuvieron, bajándolo del autobús de la empresa donde labora.
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