La embajada de Israel en México afirmó este jueves que el país mantendrá su derecho a defenderse, luego de que México y Chile enviarán una remisión a la Corte Penal Internacional (CPI) para que “investigue la probable comisión de crímenes de su competencia” que cometen en Palestina.
“Israel mantiene el legítimo derecho de autodefensa en conformidad con el Derecho Internacional. (…) y espera que la comunidad internacional condene el ataque terrorista contra civiles y manifieste su claro apoyo al derecho pleno de autodefensa”, señaló la embajada.
A través de un comunicado, la embajada de Israel en México lamentó la acción del gobierno de México y señaló que los terroristas de Hamás son los que cometen los crímenes desde el ataque del 7 de octubre del año pasado.
“Aún permanecen secuestradas 136 personas, violando las leyes internacionales y en completa negación de sus derechos”, reiteró.
Dicha remisión a la Corte Penal Internacional por parte de México y Chile “obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte“, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“El gobierno de México tiene conocimiento y da puntual seguimiento al caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y a la solicitud de medidas provisionales”, comentó al respecto la cancillería, que en ningún momento mencionó a Israel.
Esta medida, que Chile había anunciado primero el 11 de enero, es diferente a la demanda por genocidio que interpuso Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en diciembre pasado.
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La SRE enfatizó la “importancia de garantizar la independencia del fiscal de la CPI” para indagar los crímenes cometidos en el marco del conflicto en Gaza, ya sea que “hayan sido cometidos por agentes de la potencia ocupante, como de la potencia ocupada“.
El comunicado advirtió del “colapso prácticamente total” de la infraestructura de justicia de Palestina, por lo que no estaría en capacidad de investigar los delitos cometidos en su territorio.
“La intervención de la CPI cobra particular relevancia ante los numerosos informes de Naciones Unidas que dan cuenta de muy numerosos incidentes que pueden constituir crímenes de la competencia de la CPI de acuerdo con el Estatuto de Roma“, apuntó la Cancillería.
