Un tribunal federal concedió un amparo el pasado 11 de enero a un particular contra unas multas impuestas por la Agencia Nacional de Aduanas de México, debido a que este organismo sancionó al quejoso con base en una legislación que le otorga esa atribución sólo al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En primera instancia, el quejoso reclamó que el administrador de la aduana de Manzanillo de la Agencia Nacional de Aduanas de México —organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público creado en 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador—, en su calidad de autoridad aduanera, lo sancionó con la imposición de multas con base en la Ley Aduanera, la cual otorga sólo facultades al SAT.
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La Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que eran válidas las multas, por lo que el quejoso impugnó la resolución, en segunda instancia, mediante un juicio de amparo directo.
En el juicio de amparo, el quejoso reclamó que el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México —decretado por el presidente López Obrador— es inconstitucional, debido a que con los lineamientos se le dieron atribuciones del SAT a la agencia aduanera.
Dicho reglamento establece que la Agencia Nacional de Aduanas de México tiene, entre otras facultades, a su cargo de manera exclusiva la recaudación de los ingresos federales aduaneros, así como otras atribuciones del SAT.
Al resolver el juicio de amparo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México cuestionó si el presidente de la República puede crear reglamentos para dotar de atribuciones del SAT a la Agencia Nacional de Aduanas, o si estaba impedido, debido a que esas funciones fueron otorgadas por el Poder Legislativo al Servicio de Administración Tributaria.
El tribunal resolvió que si bien el Ejecutivo federal puede crear reglamentos, estos se deben ajustar a lo previsto en la ley, en este caso a la Ley del SAT, por lo que traspasó de forma indebida facultades de la autoridad fiscal a la agencia aduanera.
Y determinó que el reglamento interior es inconstitucional, debido a que no se respeto el principio de subordinación jerárquica de la ley. Es decir, contraviene lo establecido en la Ley del SAT al otorgarle funciones de la autoridad fiscal a la Agencia Nacional de Aduanas de México.
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El tribunal señaló que ningún otro organismo puede tener atribuciones del SAT, hasta en tanto, el Poder Legislativo haga modificaciones a la ley que lo permitan.
“Mientras lo dispuesto en esa legislación no sea modificado por un diverso acto formal y materialmente legislativo, las atribuciones que le fueron otorgadas al SAT en la ley que lo rige no pueden ser ejercidas por un distinto órgano de su misma naturaleza y jerarquía”, dice la sentencia.
Por lo anterior, el tribunal amparó al quejoso y frenó las multas que le impuso la Agencia Nacional de Aduanas de México.
El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de la magistrada Ileana Moreno Ramírez—quien estuvo a cargo del proyecto—, el magistrado Roberto Fraga Jiménez y el secretario en funciones de magistrado Hermes Godínez Salas.
