Por Jorge Monroy
Los cuatro comisionados independientes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia, Eugenia Allier, Abel Barrera, David Fernández y Carlos Pérez, reprocharon el despido de Javier Yankelevich, quien dirigía al equipo especializado de búsqueda de víctimas de terrorismo de Estado en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) ordenado por la Secretaría de Gobernación.
“En lo personal, considero que es una pésima decisión y envía un mensaje terrible a las víctimas y familiares del periodo. Es un retroceso brutal que aleja, todavía más, a la Comisión de la Verdad de cumplir su mandato. Las cosas como son”, dijo Carlos Pérez Ricart.
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Javier Yankelevich es un historiador egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien dirigía al Equipo Especializado en la Búsqueda de Personas Desaparecidas Víctimas de Terrorismo de Estado de la CNB.
Pérez Ricart dijo que el gobierno federal no solo despide a un funcionario comprometido y ejemplar, “también tira por la borda los esfuerzos que desde 2019 se realizaban para encontrar personas desaparecidas en México durante el periodo 1965-1990 (cuando menos 899 personas)”.
En 2021, mediante un decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de la comisión especial de la verdad de la Guerra Sucia; un año después encabezó su instalación y prometió que su gobierno la apoyaría con todo lo necesario.
En un escrito, los cuatro comisionados independientes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico explicaron que el 9 de enero, Javier Yankelevich fue despedido junto con tres cuartas partes de su equipo.
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“Esta reducción que deja sólo a dos personas a cargo de todas las tareas de búsqueda del periodo, difícilmente permitirá dar seguimiento a las decenas de líneas de búsqueda que se tenían identificadas, a las excavaciones, al trabajo con las fiscalías, a la entrevista de testigos. Se trata de labores complejas y de largo desarrollo que no se corresponden con las capacidades del personal con las que se dejan al equipo, no es menor”, destacaron.
“La reestructura trunca una de las apuestas más contundentes y serias que el Estado mexicano había hecho hasta ahora por localizar a las personas desaparecidas de manera forzada durante el periodo (1965 a 1990). Esta reestructura deja a las familias y colectivos en una víspera suspendida de recibir noticias del paradero de sus seres queridos. Por ello, no podemos sino expresar nuestra profunda preocupación ante decisiones que parecen abandonar esfuerzos muy relevantes en materia de verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición que demandan las víctimas de la violencia estatal, sus familiares y la sociedad mexicana en su conjunto”, añadieron.
