El gobierno de la CDMX busca castigar con hasta 20 años de cárcel a funcionarios involucrados en corrupción inmobiliaria

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Foto: Martí Batres, X

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó este miércoles una iniciativa para tipificar como delito a la corrupción inmobiliaria y castigar con hasta 20 años de cárcel a los servidores públicos, así como a sus familiares directamente implicados.

En conferencia de prensa, el mandatario detalló que esta iniciativa consiste en integrar al Código Penal de la Ciudad de México un capítulo nuevo, en el que se busca incorporar un artículo que tipifique como delito la corrupción inmobiliaria, así como establecer sanciones que van desde los 10 hasta los 20 años de cárcel para funcionarios públicos.

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“Con esta iniciativa modificamos el Código Penal adecuándolo a problemas presentes que requieren de un tratamiento especializado (…) es una iniciativa para crear el capítulo XV y establecer el delito de corrupción inmobiliaria”, indicó Batres.

Esta propuesta de reforma al Código Penal tendrá que ser aprobada por el Congreso de la Ciudad de México.

El artículo establece que el servidor público que autorice la construcción de inmuebles o adicionar pisos a los autorizados legalmente en una edificación será penalizado con hasta 20 años de prisión, independientemente de las sanciones por otros delitos cometidos, explicó el jefe de Gobierno.

“Se agravarán en una mitad más las penas cuando obtengan algún beneficio económico, ya sea en efectivo o especie, el propio servidor público (…) con este artículo sancionamos al funcionario público y a la red de familiares que intervienen directamente con él y en la corrupción inmobiliaria”, explicó.

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Sostuvo que la corrupción mobiliaria es una problemática que ha sido constantemente denunciada por la ciudadanía, en especial en la alcaldía Benito Juárez.

Batres dijo que en el año 2008 se identificó un caso de un inmueble con un piso excedente fuera de la norma, pero que en los siguientes años se incrementó esta problemática, dado que en 2012 se registraron 158 casos.

También reconoció el trabajo de Ernestina Godoy como fiscal capitalina tras su salida del cargo este miércoles.

“Reconozco a Ernestina Godoy por enfrentar a los políticos que hicieron de la corrupción inmobiliaria un gran negocio, a partir de los delitos de enriquecimiento ilícito y de uso indebido de atribuciones. Se pudo enderezar una investigación muy consistente contra altos servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez”, expresó.

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