Por Diego Soto/Corresponsal
Baja California Sur.- Trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado solicitan la renuncia de la titular Charlene Ramos Hernández, nombrada en mayo del 2023, a quien acusaron de trato cruel y degradante, amenazas, intimidación, violencia de género, acoso laboral y abuso de poder.
Durante esta mañana, cinco trabajadores, dos presuntamente destituidos y tres en activo, bloquearon el acceso a las instalaciones de la Comisión, en donde colocaron una bandera con los colores negro y rojo.
Al llegar al platón, la presidenta Charlene Ramos Hernández solicitó retirarlo, pues destacó que no son empleados por haber abandonado su cargo, y aseguró que en caso de no hacerlo procederá conforme a derecho.
“No es un paro laboral, no es un procedimiento legal, como ustedes pueden ver, aquí está el personal de trabajo que no está siendo respaldado ni representado por estos exempleados de la Comisión y uno que otro, dos personas que trabajan en la Comisión, el resto está aquí, las otras tres personas, una se le acabó su contrato de trabajo por el tiempo y la cuestión de que no se le pudo renovar y las otras dos personas fueron destituidas por abandono de trabajo”, aseveró la titular.
Aseguró que el resto del personal “está aquí trabajando y siendo afectado por esta situación ilegal que va a tener sus consecuencias correspondientes”.
Ramos Hernández además precisó que Alejandro Maldonado, consejero jurídico de la Comisión, y Antonio Mayorquín, abogado del Partido del Trabajo, quien es integrante del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, están realizando imprecisiones y atribuciones que no les competen.
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La presidenta destacó que el 15 de diciembre de 2023, el consejero jurídico Alejandro Maldonado dirigió un mensaje al personal de la Comisión para aclarar la denuncia penal en su contra por el presunto delito de fraude, respecto a un pagaré de 13 millones de pesos que pretende cobrar a Heriberto Gutiérrez Ortiz, quien falleció y de acuerdo a sus familiares cobraría con el embargo de unos condominios ubicados en la colonia centro de La Paz.
Por su parte, el consejero jurídico explicó que le extrañaba los comentarios de la titular de la Comisión respecto a actuar conforme a derecho. Maldonado mostró ser empático y destacó que buscará escuchar ambas partes para buscar una solución equilibrada.
“La parte de un paro laboral y las actuaciones del colectivo como trabajadores no es un delito, es un derecho que ellos tienen, al final del día son ellos los que están buscando un canal de comunicación y si tuvieron que llegar a esto me imagino que es por una cuestión mayúscula”, expresó Maldonado.
Alma Denisse Guluarte Gutiérrez, quien se desempeñó como titular de la Unidad de Investigación, denunció que fue removida de su cargo al recibir una solicitud para investigar un presunto acto de corrupción, en el cual señalan que la presidenta Ramos Hernández no puede comprobar el uso de aproximadamente medio millón de pesos.
Por su parte, otro de los trabajadores destituidos, Abraham Manríquez, exadministrador de la Comisión, denunció que tras presentar la solicitud de la investigación lo sacaron de las instalaciones escoltado por policías.
El pasado 31 de marzo, Elías Manuel Camargo Cárdenas, expresidente de la Comisión, fue destituido tras haberse realizado un juicio de procedencia.
Diputados tuvieron acceso a la carpeta de investigación LPZ/4429/2021NUC de la Procuraduria General de Justicia del Estado (PGJE) por el presunto delito de acoso sexual. Tras su destitución, fue electa por el Congreso local Charlene Ramos Hernández, en la terna fue incluido Maldonado, pero no fue seleccionado.
Los trabajadores aseguraron que no levantarán el plantón hasta que se realice la destitución de la actual presidenta.
De acuerdo a un documento en manos de Latinus se solicitó al Congreso local que el Consejo sesione de forma urgente para solventar el conflicto.
