La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para tres hospitales en Jalisco por violencia obstétrica contra una mujer, quien falleció cinco días después de que se le practicó una cesárea en febrero de 2020.
En un comunicado, la CNDH informó que en el caso estuvieron implicadas 11 servidoras públicas pertenecientes a la Unidad de Medicina Familiar 53 (UMF-53), al Hospital General Regional 45 (HGR-45) y a la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional Occidente 176 (UMAE CMNO-176) de Guadalajara.
La comisión dijo que durante la atención médica que recibió la mujer durante su embarazo, la atención de su parto y su recuperación, se comprobó que el personal del IMSS cayó en “omisiones, falta de vigilancia y retraso injustificado en la atención, diagnóstico y tratamiento”.
La mujer en los primeros meses de embarazo, desde julio de 2019, acudió a sus citas para control prenatal, en el que al quinto mes de gestación le diagnosticaron que presentaba un embarazo de alto riesgo, producto de que a los ocho años de edad, la paciente padeció varices esofágicas.
El 1 de febrero de 2020, el gastroenterólogo ordenó la hospitalización de la mujer para que se le practicará una cesárea “sin haber realizado la revisión de la paciente”, bajo el argumento que sería para evitarle complicaciones.
Dos días después, la mujer presentó malestares, por lo que fue trasladada a la unidad de terapia intensiva y al día siguiente fue dada de alta, pero el 5 de febrero nuevamente tuvo molestias, por lo que fue ingresada a emergencias, en donde le encontraron una hemorragia interna lo que derivó en su fallecimiento el 6 de febrero de 2020.
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Ante ello, su pareja presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por negligencia médica y una queja ante el IMSS.
Dos años después, en junio de 2022, La FGR determinó el “no ejercicio de la acción penal”; por su parte, el IMSS, resolvió como improcedente la queja.
La CNDH, tras recavar evidencia, solicitó la reparación del daño a las víctimas indirectas, a la persona nacida en febrero de 2020, quien vive con autismo, y a la pareja de la mujer fallecida, “una medida de compensación que considere las erogaciones para el cuidado de la persona menor de edad, estimada con base en los criterios de ley aplicables”.
Además, la comisión determinó la inscripción de los afectados en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que en coordinación con el IMSS reciban atención médica, psicológica y gratuita.
