EFE.- La eventual presencia de Donald Trump en las papeletas electorales de dos estados de Estados Unidos depende de la interpretación que se dé a un solo párrafo de la Constitución, que acapara las denuncias de sus opositores y los recursos que el exmandatario ya ha presentado y contempla.
La sección 3 de la enmienda XIV estipula que no podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, (…) quien habiendo jurado previamente defender la Carta Magna haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra Estados Unidos o haya prestado ayuda o facilidades a enemigos del país.
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Colorado y Maine expulsaron a Trump en diciembre de las primarias republicanas en esos estados, apoyándose en ese argumento por su rol en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio. A su vez, la defensa legal del exmandatario estadounidense se aferra, entre otras alegaciones, a que el párrafo no menciona el cargo de presidente entre los puestos vetados.
“Tienes que retorcer muchísimo el lenguaje para decir que el presidente no está incluido“, apunta a EFE Jackson Barlow, profesor de Políticas en la universidad Juniata College, de Pensilvania.
Esa enmienda de 1868 fue aprobada después de la guerra civil estadounidense (1861-1865) para evitar que personas asociadas con los sublevados de la Confederación pudiesen llegar al poder y desde entonces, según la organización Citizens for Ethics, se ha aplicado solo a ocho personas en jerarquías de menor rango.
Trump podría ser la novena si sus recursos no dan resultado y ha adentrado al país en “territorio desconocido”, añade Justin Crowe, profesor de Ciencias Políticas en la universidad Williams College de Massachusetts.
El recurso contra la decisión de Maine fue introducido este martes y se espera que haga lo mismo contra la resolución de Colorado de forma inminente, puesto que el plazo para hacerlo finaliza el jueves.
En los dos casos penales que Trump tiene abiertos en Georgia y Washington DC por sus intentos para revertir los resultados de las presidenciales de 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden, no está imputado por insurrección.
Matices lingüísticos
“¿Qué significa haber participado en una insurrección o rebelión? No está especificado, así que está abierto a la interpretación. ¿Y es suficiente que el Tribunal Supremo de Colorado o la secretaría de Estado de Maine afirmen que se ha dado tal insurrección? Esto subraya las complicaciones del esfuerzo para descalificar a Trump“, apunta a EFE el experto de Williams College.
En el sistema federal estadounidense, cada estado es responsable de organizar los comicios, incluso los presidenciales, y tienen así la opción de expulsar a un candidato aunque no haya sido imputado, restándole apoyos en la contienda general.
Cada estado tiene en Estados Unidos tantos electores como miembros en el Congreso. Un candidato presidencial necesita el voto de al menos 270 para ganar las elecciones y tradicionalmente quien gana en un estado consigue el voto de todos sus electores.
“Un voto puede marcar la diferencia, por lo que se trata de un asunto importante”, subraya Richard Groper, profesor en la California State University de Los Ángeles, para quien es “difícil, pero no imposible” demostrar que Trump participó en la insurrección del 6 de enero.
El Tribual Supremo podría posicionarse y fijar una postura aplicable a todos los estados si decide implicarse. Míchigan, por ejemplo, rechazó en diciembre descalificar a Trump al considerar que el caso plantea una duda política que no debe ser resuelta por la Justicia.
Implicaciones legales y políticas
El alcance de estos casos supera ya lo meramente legal. Trump es el precandidato republicano favorito de cara a las presidenciales del próximo noviembre y, según Crowe, podría beneficiarse de la situación actual independientemente de cómo termine.
Si gana sus recursos en Colorado y Maine, para reprocharle a liberales y demócratas que hayan intentado apartarle de las urnas, y si los pierde, para movilizar a la población y solicitar más apoyo, alegando que el bando contrario está tan “asustado” que quiere vetarlo.
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“Nunca ha pasado algo similar antes y nuestras instituciones van a verse desafiadas este año para responder a la amenaza que Trump, sus seguidores y sus abogados les suponen”, coincide Barlow, para quien el país atraviesa tal polarización que hay quienes pueden ver justificado saltarse los mecanismos políticos tradicionales para conseguir sus fines.
