El diputado emecista Jorge Álvarez Máynez presentó una iniciativa para reformar el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que el ministerio público se vea obligado a explicar los motivos para intervenir los equipos de comunicación móvil relacionados con una investigación judicial.
En un comunicado, MC indicó que el proyecto del diputado fue enviado a la Comisión de Justicia y busca evitar el abuso de las autoridades para esta práctica.
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“La intromisión del gobierno hacia la privacidad de las personas es sumamente preocupante y violatorio de los derechos humanos (…) es necesario un medio de control judicial”, indicó.
Álvarez Máynez afirmó que aunque esta práctica está regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales, existe una serie de irregularidades en los procesos de investigación.
Además, afirmó que en los últimos tres gobiernos se han incrementado las denuncias que han evidenciado las campañas de espionaje por parte de servidores públicos contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores.
“El espionaje en el país es uno de los temas con mayor impunidad, y hoy es más preocupante con el incremento de la militarización del país en actividades puramente civiles, donde se les ha señalado de intervenir comunicaciones bajo el concepto de ‘inteligencia’”, señaló.
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Ante esto, su iniciativa plantea que los servidores públicos fundamenten su solicitud de intervención, el proceso que se llevará a cabo, su duración y la empresa proovedora de servicios que opera las líneas o aparatos que serán investigados.
“Si bien el espionaje puede proporcionar información crucial para la seguridad nacional o interior de cualquier país, su práctica en exceso o de manera indiscriminada o violatoria de derechos fundamentales puede socavar los cimientos de la democracia”, añadió.
Hace unas semanas, el diario The New York Times publicó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México espió a políticos de oposición y de Morena como Santiago Taboada, alcalde con licencia de Benito Juárez; Horacio Duarte, secretario de Gobierno del Estado de México; Higinio Martínez, senador por la misma entidad, y Lilly Téllez, senadora por el PAN.
La fiscalía que encabeza Godoy pidió a la compañía Telcel los registros telefónicos, de texto y geolocalización de esos personajes bajo el supuesto de que correspondían a investigaciones por secuestros y desaparición de personas, según la publicación.
La fiscalía ha rechazado esta práctica y afirma que los documentos en los que se sustenta este reportaje son falsos y afirma que comenzó una investigación interna.
