EFE.- La organización Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más alertó sobre “un nuevo método de represión” implementado por el gobierno de Daniel Ortega contra críticos y opositores, que consiste en prohibirles la entrada al país cuando salen de viaje y buscan retornar.
“Este Colectivo quiere alertar de un nuevo método de represión, como lo es la apatridia de facto, derivada de la negativa infundada de no dejar entrar a nicaragüenses a su patria, por ser personas consideradas traidoras al gobierno, o bien por el simple hecho de ser familiares de personas excarceladas políticas, periodistas, madres de asesinados/as y personas defensoras de derechos humanos”, señaló esa ONG en una declaración.
Lee también: Nicaragua retira a su embajador en Argentina por la postura de Milei contra el gobierno de Ortega
El más reciente caso público fue el de Ana Salinas, hermana del periodista y escritor exiliado nicaragüense Carlos Salinas Maldonado, autor de un libro sobre la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien no pudo retornar el viernes pasado a su país por la negativa del gobierno sandinista, según denunció la plataforma Alertas Libertad de Prensa Nicaragua, que documenta los casos de violaciones a la libertad de expresión y prensa.
Las autoridades de Migración y Extranjería de Nicaragua, que es la encargada de notificar a las aerolíneas o al transporte terrestre sobre esa prohibición a los viajeros nicaragüenses, no suelen dar explicaciones sobre esa medida, que ha afectado principalmente a activistas de derechos humanos, académicos, periodistas, religiosos, críticos u opositores a Ortega.
“A este patrón se debe sumar a quienes su pasaporte es arrebatado por funcionarios y fuerzas represivas del régimen, dejándoles indocumentados y sin ninguna protección”, continuó ese Colectivo, integrado en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en San José.
Obligan a nicaragüenses al exilio forzado
“La apatridia de facto es una nueva forma de represión que genera graves violaciones a derechos humanos, obliga al exilio y anula de forma casi absoluta la personalidad jurídica de quienes las sufren”, advirtió la ONG.
Según ese organismo, “aun con estas violaciones reiteradas, las personas en el exilio han apostado a la resiliencia como forma de resistencia frente a la dictadura, se han fundado nuevas organizaciones, medios de comunicación y emprendimientos en el exilio para la subsistencia”.
No obstante, anotó que los nicaragüenses desterrados de facto “continúan sufriendo obstáculos para acceder a fuentes formales de empleo, a la salud, educación y otros elementos necesarios para tener una vida digna”.
En ese sentido, el colectivo solicitó a la comunidad internacional “se continúen realizando gestiones para exigir el cese de la represión y el destierro o desplazamiento forzado que destruye familias, proyectos de vida y somete a Nicaragua en una situación constante de graves violaciones a derechos humanos”.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
