Foto: Cuartoscuro
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este martes una recomendación dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR), así como a la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) para que otorguen tratamiento psicológico y físico a una víctima de tortura sexual, a quien autoridades le ocasionaron una fisura anal tras detenerla en febrero de 2015.
A través de un comunicado, la comisión informó que la víctima presentó una queja en agosto de 2017, más de dos años después de haber sido detenida, torturada y abusada sexualmente por autoridades de Morelos.
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Tras un operativo en Temixco, la víctima fue detenida el pasado 24 de febrero de 2015 en el municipio de Jiutepec por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) y de la fiscalía estatal; y trasladada al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos.
En febrero de 2016, la persona detenida fue trasladada, por razones de seguridad, al Cefereso 14 en Durango; y en agosto de ese año fue ingresada al Hospital de Gómez Palacios, donde le encontraron lesiones provocadas un año antes y le diagnosticaron incontinencia anal por ruptura de esfínteres.
Tras detectar el padecimiento, el personal médico planificó un plan quirúrgico, pero nunca se llevó a cabo.
Fue hasta el 20 de abril de 2022 que la CNDH intervino en el caso y determinó que había “elementos constitutivos de tortura con carácter sexual de manera intencionada, con el fin de ocasionar a la víctima sufrimientos físicos y mentales severos”.
El organismo concluyó que la víctima sufrió tortura sexual por parte de dos elementos que la detuvieron, con el propósito de vincularla con hechos delictivos y que guardara silencio sobre lo que sucedió durante el operativo.
“Las violaciones graves se atribuyen a dos elementos adscritos a la FGEM, a dos más integrantes de la CESP, y a otros dos elementos de la entonces PGR, que estaban comisionados a la fiscalía estatal”, señaló la CNDH.
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Por lo anterior, el organismo determinó que la víctima “deberá recibir la atención médica y psicológica que requiere con motivo de los actos de tortura a los que fue sometida”.
También la fiscalía debe “implementar las medidas necesarias para evitar la repetición de estos hechos violatorios y contribuir a su prevención”.
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