El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) pidió este martes al Poder Judicial confirmar un amparo con el que se frenó la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en el Vivero Nezahualcóyotl, ubicado en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.
El pasado 23 de noviembre, Sandra de Jesús Zúñiga, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió un amparo a habitantes de Xochimilco contra la construcción de las instalaciones.
Sin embargo, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), ambas de la Ciudad de México, impugnaron la sentencia judicial.
Según una notificación publicada el 15 de diciembre, el recurso de revisión fue turnado al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que, en segunda instancia, determinará si confirma el amparo.
Por lo anterior, el Centro Prodh llamó al Poder Judicial a confirmar el amparo, al considerar que la sentencia es relevante para proteger los derechos colectivos de los pueblos originarios en la Ciudad de México.
“Hacemos un llamado al Poder Judicial de la Federación para que confirme esta relevante decisión que es resultado de la lucha colectiva (….), y que puede ser un precedente para otras comunidades que han exigido al gobierno capitalino que tome en cuenta las posibles violaciones a derechos humanos derivadas de la cesión de predios a la Guardia Nacional, sin tomar en cuenta las necesidades de las comunidades”, pidió en un comunicado.
El pasado 30 de diciembre, habitantes de Xochimilco promovieron un amparo en contra del decreto de desincorporación de una fracción de terreno del Vivero Nezahualcóyotl, de 33 mil metros cuadrados, el cual sería destinado a la Guardia Nacional.
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El decreto fue publicado el pasado 9 de diciembre en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a pesar de que dicho terreno forma parte de un área natural protegida reconocida como patrimonio cultural de la humanidad, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
En la demanda de amparo, los vecinos reclamaron que las autoridades capitalinas omitieron realizar una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada; además de que violaron sus derechos a la tierra, al territorio, a la libre militarización, así como a un medio ambiente sano.
