Reuters.- Grupos de defensa de los derechos civiles presentaron el martes una demanda contra una nueva ley respaldada por los republicanos en Texas que otorgará a los funcionarios estatales amplios poderes para detener, procesar y deportar a las personas que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.
La demanda presentada ante el tribunal federal de Austin, Texas, afirma que la ley firmada el lunes por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, infringe de forma ilegal la autoridad del gobierno federal en virtud de la Constitución para hacer cumplir las leyes de migración del país.
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Los grupos, encabezados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), también afirmaron que la ley, que entrará en vigor en marzo, impide ilegalmente a los migrantes solicitar asilo u otras protecciones humanitarias al gobierno estadounidense.
La ley, conocida como SB4, permite a los jueces del estado ordenar la deportación de las personas, con penas de hasta 20 años de prisión para los migrantes que se nieguen a cumplirla. La legislatura de Texas, controlada por los republicanos, aprobó la medida en noviembre.
Adriana Piñon, directora jurídica de la sección de Texas de la ACLU, afirmó que la ley era una de las medidas más extremas de represión de la migración adoptadas por un estado de Estados Unidos.
“El proyecto de ley hace caso omiso de los principios constitucionales fundamentales y desacata la ley federal de migración, al tiempo que perjudica a los texanos, en particular a las comunidades marrones y negras”, dijo Piñon en un comunicado.
Abbott señaló el lunes que la ley era necesaria debido al supuesto fracaso de la administración del presidente demócrata Joe Biden para frenar el aumento de la migración ilegal.
Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho de migración en la Facultad de Derecho de Cornell, dijo antes de que se presentara la demanda que la ley de Texas era vulnerable a desafíos legales.
Yale-Loehr citó una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 2012 que decía que Arizona no podía autorizar a los funcionarios estatales a detener y procesar a personas por estar ilegalmente en Estados Unidos, porque eso era competencia exclusiva del gobierno federal.
Texas ya está inmerso en una serie de casos judiciales relacionados con los esfuerzos de Abbott para disuadir y castigar los cruces fronterizos ilegales, conocidos colectivamente como Operación Estrella Solitaria.
