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EFE.- El Instituto Nacional de Migración (INM) debe informar el porcentaje de migrantes menores de edad no acompañados que fueron regresados a sus países de origen entre 2018 y el pasado 5 de octubre, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Además, indicó que las autoridades migratorias tienen que dar a conocer los motivos para deportarlos, si los niños y adolescentes recibieron alguna documentación, tuvieron refugio o algún proceso complementario de protección, iniciaron su solicitud y proceso en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
El comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, expuso que el caso toma relevancia, toda vez que en México los menores tienen derecho a pedir refugio y asilo a las autoridades, quienes dijo, estarán obligadas a no devolverlos a sus países de origen si puede sufrir algún tipo de riesgo.
“Hacer del conocimiento de toda la sociedad mexicana las situaciones migratorias por las que atraviesan las niñas, niños y adolescentes, permite la toma de decisiones relacionadas con un grupo de población que, intrínsecamente, se encuentra en situación de vulnerabilidad”, sostuvo.
Alcalá señaló que, según datos del INM, sólo en los primeros tres meses del año se han asegurado más de 34 mil niños y adolescentes migrantes, de los cuales 2 mil viajaban solos.
La decisión del pleno del instituto de transparencia se da luego de que a una persona le fuera negada esta información mediante una solicitud a migración, por lo que inconforme con la respuesta, pidió revisar el caso al órgano transparencia.
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En un principio, el INM solo proporcionó vínculos electrónicos para consultar estudios e investigaciones, encuestas, estadísticas e indicadores sobre la movilidad y migración internacional en México.
La ponencia del comisionado presidente del INAI determinó que esta respuesta sólo atendía parcialmente la solicitud, pues indican solo el número de menores migrantes devueltos por retornos asistidos.
Es por ello, que el INAI extendió la solicitud de información a cada una de las unidades administrativas que pudieran dar a conocer lo requerido, como la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, la cual, entre otras cosas, se ocupa de analizar, opinar e implementar, en el ámbito de su respectiva competencia, las estrategias de protección y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.
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