Chile rechazó este domingo el proyecto de nueva Constitución elaborado por una asamblea que estuvo dominada por fuerzas de derecha, de acuerdo a los primeros conteos oficiales divulgados por la autoridad electoral.
El Servicio Electoral dijo en su página web que con el 54% de las mesas escrutadas, la opción en contra se imponía con 55.16% de los votos, mientras que la alternativa a favor obtenía 44.84%.
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El resultado del domingo marcaría por ahora el cierre de un ciclo de cuatro años y varias elecciones populares desde que a fines de 2019 los chilenos iniciaron un camino de cambio constitucional como respuesta a grandes movilizaciones sociales.
En septiembre del año pasado, los electores ya habían rechazado ampliamente, por primera vez, un primer documento, redactado esa vez por una asamblea con mayoría de izquierda.
Hace cuatro años, miles de chilenos tomaron las calles para demandar mejores pensiones, salud, y educación y acabar con las desigualdades. Estas fueron unas protestas sin precedentes en la historia del país, considerado una de las democracias más estables de la región.
Ahora, después de reiteradas citas electorales que conllevaron cambios de un extremo a otro del espectro y del fracaso de todos los sectores políticos en buscar propuestas de consenso, los chilenos sólo quieren cerrar el tema. No se esperaban protestas ante ninguno de los resultados.
“Todo el proceso en sí ha sido una pérdida de recursos para el Estado (…) una burla”, lamentó Johanna Anríquez, una funcionaria de 38, que votó en contra de la propuesta por considerarla muy extremista.
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“Quedémonos con lo que está y por favor, dedíquense a trabajar en la seguridad” que es lo que más preocupa a los ciudadanos, pidió a los políticos.
La propuesta constitucional planteaba que Chile es un Estado social y democrático que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales a través de instituciones públicas y privadas. Sus detractores afirman que, aunque haya libertad de elección en salud, educación o pensiones, sólo podrán escoger quienes tengan poder adquisitivo.
Los colectivos feministas temían que el cambio de redacción de la nueva propuesta para proteger la vida de quien está por nacer podría dificultar el camino para derogar el aborto en las tres causales aprobadas en 2017 (violación, riesgo de la vida de la madre o inviabilidad del feto). Además, denuncian retrocesos en materias de servicios sociales y participación política.
Con información de Reuters y AP.
