EFE.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está dispuesto a desmantelar el sistema de asilo y romper sus promesas de campaña a cambio de que los republicanos apoyen un gasto extraordinario de más de 60 mil millones de dólares para seguir financiando la guerra de Ucrania.
En negociaciones con senadores del partido opositor, legisladores demócratas y funcionarios del gobierno han propuesto reanudar las expulsiones inmediatas en la frontera y expandir la capacidad para deportar a migrantes, entre otras medidas restrictivas, según informaron a EFE fuentes cercanas a las discusiones.
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La Casa Blanca no ha confirmado estas filtraciones, pero sí ha señalado que Biden está “abierto a compromisos” si los negociadores logran reunir los apoyos suficientes, detalló a EFE un portavoz del gobierno en declaraciones escritas.
Al agotarse el dinero que el Congreso previamente había aprobado para Kyiv y para convencer al escéptico bloque conservador de apoyar un nuevo desembolso en gasto militar, la Casa Blanca decidió incluir también más financiamiento para “seguridad fronteriza“.
La idea les rebotó: los republicanos agarraron las riendas de la negociación y aprovecharon para pedir mayores restricciones a la migración y al asilo a cambio de sus votos.
En vez de rechazar sus exigencias, la Casa Blanca redobló su influencia en las conversaciones, enviando a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre ellos el secretario Alejandro Mayorkas, al Congreso.
Decenas de legisladores demócratas, incluyendo su número dos en el Senado, Dick Durbin, y los miembros del caucus hispano de la Cámara de Representantes, han rechazado firmemente el trueque que está considerando la administración.
A su vez, han pedido a Biden que respete sus promesas de campaña de revertir la política antiinmigrante del expresidente Donald Trump (2017-2021).
Expertos en migración y organizaciones en defensa de los derechos humanos han señalado que las propuestas que se están barajando, en especial la de reanudar las deportaciones, desmantelarían el sistema de asilo en Estados Unidos, al que actualmente se están acogiendo la mayoría de personas que cruzan la frontera.
Bajo la ley actual, que se adoptó tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se comprometió a dar protección a las personas que no pueden volver a sus países por miedo a persecución por motivos de “raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política“.
Para obtener esta protección, es requisito también que la persona esté en suelo estadounidense.
Hasta mayo de este año, la frontera sur de Estados Unidos estuvo regida por el Título 42, una restricción similar a la que se está negociando y que impuso en su momento el gobierno de Trump con el pretexto de la pandemia.
Revivir una práctica similar hará que la ley estadounidense “esté completamente alejada del derecho internacional”, dijo a EFE Yael Schacher, directora para América de la organización Refugees International.
El Título 42, mientras estuvo en vigor, infló las cifras de detenciones en la frontera por la cantidad de personas que cruzaban más de una vez después de ser expulsadas.
Entre 2020 y 2021 se llevaron a cabo más de 1.8 millones de devoluciones de migrantes bajo el Título 42, aunque más de la mitad fueron personas que ya habían sido detenidas y expulsadas a México anteriormente, según datos del American Immigration Council.
Volver a imponer una restricción así, explicó a EFE Robyn Barnard, directora para el programa de refugiados de la organización Human Rights First, “no haría nada para resolver los problemas en la frontera”.
El continente está registrando cifras récord de movimiento de personas, a causa de profundas crisis políticas en varios países como Venezuela, Nicaragua o Ecuador y los estragos económicos que dejó la pandemia.
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Las propuestas que limitan el derecho a buscar asilo, explicó Adam Isacson, de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), terminarán “enviando a la gente nuevamente a la muerte, la tortura o el encarcelamiento”.
La administración, a juicio del experto, está dividida entre los funcionarios que entienden la importancia del asilo en el sistema de derechos humanos y aquellos que temen que la llegada de miles de migrantes a la frontera cada día “pueda costarles votos en 2024”.
