Foto: Banco Bienestar / Facebook
Por Jaime Farías Arias / Corresponsal
Chetumal.– La Secretaría de la Contraloría (Secoes) confirmó que más de 3 mil servidoras públicas evadieron los filtros de los programas sociales del estado e ingresaron como beneficiarias de “Mujer es Poder” y “Mujer es Vida”, aunque después solicitaron su desincorporación para evitar sanciones.
La primera funcionaria descubierta cobrando los beneficios del programa “Mujer Es Vida” fue Rosario de los Ángeles Aban Mukul, quien se separó del cargo como subsecretaria del Bienestar.
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Después se supo que Yecenia Marleni Escalera Valencia, directora de Atención a Rezago Alimentario, también cobraba en “Mujer es Poder”, otro programa enfocado a mujeres que viven debajo de la línea de pobreza con ingresos familiares de 6 mil pesos al mes, y Ana Luisa Chávez Mah, jefa del Departamento de Apoyo Alimentario de Inclusión Social de la Secretaría del Bienestar estatal.
Luego, el gobierno municipal de José María Morelos confirmó la renuncia de Rosilene de Rubí Carvajal Pech a la Secretaría General del ayuntamiento, al descubrirse que también era beneficiaria del programa de apoyo a mujeres en situación de pobreza.
En total, 10 funcionarias cuyas identidades son reservadas fueron dadas de baja de los programas sociales, pero no recibieron ningún tipo de sanción o inhabilitación, a excepción de aquellas que decidieron renunciar a sus cargos.
En su momento, la titular de la Secoes, Reyna Arceo Rosado, señaló que las funcionarias sólo causaron baja, pero al no incurrir en faltas graves no eran objeto de inhabilitación, y quedaban en condiciones de incorporarse a la administración pública.
El secretario estatal del Bienestar, Pablo Bustamante Beltrán, confirmó que no muchas servidoras públicas violentaron la ley al inscribirse en ese programa y desplazar a aquellas que verdaderamente la necesitan.
“Solamente hubo 10 que detectamos y fueron dadas de baja, lo demás corresponde a la Secoes”, reconoció.
El próximo año, ese programa se transformará en “Comemos Todos”. Actualmente, el Congreso estatal trabaja en la creación de las reglas de operación.
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