EFE.- Más de 200 reos fallecieron en cárceles de El Salvador bajo custodia de agentes de seguridad desde marzo de 2022, cuando comenzó el régimen de excepción en el país centroamericano para combatir a las pandillas, según datos compartidos a EFE por la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario.
Ingrid Escobar, representante de la entidad que brinda asistencia legal a familiares de personas detenidas en el contexto de la medida de régimen de excepción, confirmó que son 213 casos los que se registraron entre marzo de 2022 y el 10 de diciembre de 2023.
Explicó, durante una conversación telefónica, que el registro de personas fallecidas de la organización ha sido elaborado a partir de la información proporcionada directamente por familiares de las víctimas y a partir del monitoreo de fuentes periodísticas.
Señaló que el 94% de las víctimas mortales son hombres y el 6% son mujeres, es decir, 201 hombres frente a 12 mujeres, añadió.
“Tenemos pruebas de estas muertes, por lo que nadie puede negar que sí ocurren”, agregó Escobar.
Según un documento compartido por Socorro Jurídico, la mayoría de las muertes en las cárceles salvadoreñas se ha registrado por negligencia por la falta de atención médica y homicidio.
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De acuerdo con los datos oficiales, en el contexto del régimen de excepción, implementado por el gobierno como su principal medida de seguridad para combatir a las pandillas y que suspende algunas garantías constitucionales, suman más de 74 mil las detenciones, de las que más de 7 mil personas habrían salido en libertad condicional.
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera que esta medida ha llevado al país a una de sus peores crisis de derechos humanos desde el fin de la guerra civil, de 1980 a 1992, y a que la violencia estatal sustituya paulatinamente a la de las pandillas.
Para el Ejecutivo, todos los detenidos son pandilleros o colaboradores, mientras que las organizaciones sociales registran más de 5 mil víctimas directas de atropellos, principalmente por detenciones arbitrarias.
Este régimen fue aprobado a finales de marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días. Una investigación del medio local El Faro sostiene que esta alza se debió a la supuesta ruptura de un pacto entre el gobierno y las maras.
