Un juez federal admitió a trámite un amparo promovido por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), para frenar una posible nueva orden de aprehensión y/o detención emitida en su contra.
De acuerdo con el expediente 1084/2023, el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito admitió el recurso legal este jueves, además de conceder al exfuncionario la suspensión provisional de los actos reclamados, en tanto se resuelve la suspensión definitiva.
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Con el amparo, Lozoya busca protegerse de los posibles actos en su contra por parte del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.
Asimismo, se detalla que el amparo le fue concedido, por lo que le fue ordenado dejar una garantía económica, que asciende a 50 mil pesos, en el juzgado dentro los cinco días posteriores a la notificación.
Hasta la fecha, Lozoya Austin permanece en prisión preventiva en el Reclusorio Norte por el caso Odebrecht, pero también enfrentaba acusaciones por el caso de Agronitrogenados, del cual un juez suspendió el proceso el pasado 31 de agosto.
Cabe recordar que el pasado 23 de noviembre, una jueza federal ordenó a la Fiscalía General de República (FGR) devolver al exdirector de Pemex una propiedad ubicada en la Ciudad de México valuada en más de 38 millones de pesos, luego de más de tres años de mantenerla asegurada.
Este inmueble fue asegurado en 2020 por el caso Agronitrogenados.
Ante ello, tres días después, la FGR informó que no le devolvería propiedad de lujo ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo y consideró que el criterio expresado por la jueza “es inaceptable”, ya que señalan que niega la aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
La FGR precisó que el inmueble también se encuentra asegurado por otro proceso penal por delitos de asociación delictuosa y operaciones de recursos de procedencia ilícita.
Emilio Lozoya fue detenido el 12 de febrero de 2020 en España y extraditado a México en julio de ese año para afrontar acusaciones de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
