La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) advirtió este miércoles que la reforma para que el Poder Judicial de la Federación (PJF) asuma los costos de los servicios públicos de correos postales y telegráficos que utiliza para hacer notificaciones, atenta contra su autonomía.
En un comunicado, la Jufed señaló que la reforma a la Ley de Amparo, que ayer fue aprobada en la Cámara de Diputados, invade la autonomía de gestión presupuestaria del PJF, al imponer un gasto que no está previsto en su Presupuesto de Egresos aprobado para 2024.
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“Con ello, se ejerce presión económica al ámbito de la independencia judicial y sus operadores jurisdiccionales”, acusó la asociación y adelantó que analiza promover un amparo para frenar la reforma, en caso de que sea avalada en el Senado.
También advirtió que la reforma viola los derechos al debido proceso y a la administración de justicia pronta y expedita, debido a que no se establecen sanciones para los servidores que nieguen hacer las notificaciones del PJF.
Ayer, la Cámara de Diputados aprobó con 217 votos a favor, 158 en contra y cero abstenciones la reforma a la Ley de Amparo, propuesta por el diputado morenista Leonel Godoy Rangel.
Se trata de un dictamen por el que se reforman los artículos 28 y 243 de la Ley de Amparo, que pasó al Senado para su discusión.
Según la exposición de motivos de la iniciativa, el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) y Financiera para el Bienestar (Finabien, antes Telecomunicaciones de México), a cargo de hacer notificaciones del PJF de forma gratuita, están en una situación económica precaria.
Por lo que se propuso que el PJF se haga cargo de las erogaciones que representan las notificaciones que realiza.
De 2016 a agosto de 2022, el Sepomex envió 12 millones 119 mil 436 piezas postales certificadas por el PJF, que de haberse cobrado, habrían representado un ingreso al organismo por 272 millones 670 mil 334 pesos.
El artículo 28 de la Ley de Amparo establece que las oficinas públicas están obligadas a transmitir de forma gratuita las notificaciones sobre los juicios del PJF, sin embargo, la reforma propone que los servicios tengan un costo.
