Por Jorge Monroy
Eduardo Verástegui Córdoba, aspirante a una candidatura independiente a la presidencia de la República, presentó una denuncia en el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del actual gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, por haber iniciado su precampaña sin estar vigente su licencia como mandatario.
En la denuncia presentada este viernes en la Oficialía de Partes del INE se argumentó que García Sepúlveda hizo uso indebido de recursos públicos, además de que violentó los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, puesto que, siendo gobernador en funciones, se encontraba impedido para realizar actos de precampaña y de difundir propaganda electoral tanto en redes sociales como en radio y televisión.
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En la queja, que deberá ser analizada por la Unidad Técnica de lo Contencioso, y luego discutida en la Comisión de Quejas, Verástegui argumentó que García Sepúlveda fue electo como gobernador de Nuevo León para el periodo de 2021 a 2027.
“A pesar de haber prometido expresamente lo contrario, el gobernador en funciones sí solicitó licencia para participar en el proceso electoral federal 2023-2024 en el que se elegirá al próximo presidente de la República”, planteó.
Recordó que el 25 de octubre de 2023, el Congreso de Nuevo León aprobó una licencia a García Sepúlveda para separarse del cargo de gobernador de la entidad, y el 12 de noviembre se registró ante Movimiento Ciudadano como precandidato al cargo de la presidencia de la República, mientras que desde el 20 de noviembre ha realizado actos de precampaña en distintas entidades federativas y Movimiento Ciudadano difundió pautas en redes sociales oficiales, así como en radio y televisión.
Relató que el pasado 28 de noviembre de 2023, García reasumió sus funciones como gobernador de Nuevo León sin renunciar a su calidad de precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, “por lo que, desde ese día y hasta ahora, es un servidor público que realiza actos de precampaña y difunde propaganda electoral”.
Acusó que estos actos violaron la Constitución y la ley electoral de acuerdo con los siguientes artículos: el artículo 134 de la Carta Magna, que consagra el principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, mismo que se entiende como la prohibición de que los servidores públicos apliquen recursos humanos o financieros con la finalidad de beneficiar una candidatura electoral.
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Además, el artículo 449, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedentes Electorales (LEGIPE), donde se prevé como infracción de los servidores públicos el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre las personas aspirantes, precandidatas y candidatas durante los procesos electorales.
