La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, reconoció este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la gravedad de la violencia armada que se vive en el país y otros países de Latinoamérica por la venta ilegal de armas.
La canciller pidió a la CIDH mayores medidas que regulen la comercialización de ventas de armas por empresas privadas, así como la reparación de daño a víctimas.
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“Nos encontramos ante una situación de emergencia, compartida por varios países de la región, que debe de ser atendida y que debe de enfocarse en el papel que tienen los actores privados en potencializar las posibles violaciones de derechos humanos”, señaló.
Además, explicó en la audiencia ante la Corte que en México cada año se trafican ilegalmente 200 mil armas de fuego y puntualizó que este es un fenómeno transfronterizo que termina en manos del crimen organizado.
“Las empresas que fabrican y distribuyen armas en el continente americano lo hacen sin prácticas que aseguren su trazabilidad, o que eviten de alguna forma el desvío hacia segundos propietarios”, declaró.
Asimismo, Bárcena destacó el impacto negativo de la violencia armada en grupos vulnerables como mujeres, niños, adolescentes y en la comunidad LGBTQ+.
“México solicita a la Corte pronunciarse sobre los recursos que los Estados deben incorporar para garantizar que las personas víctimas de estas prácticas negligentes o intencionales, puedan contar con recursos judiciales para la reparación del daño causado“, indicó la canciller en la audiencia sobre las actividades de las empresas privadas de armas y sus efectos en los derechos humanos.
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La canciller destacó que en caso de que se implemente “una correcta articulación” regulación de armas, las víctimas de violaciones de derechos humanos podrán ser reconocidas como tales, y, por lo tanto, tendrán acceso a recursos para la reparación de daño.
Añadió que confía en que la CIDH lleve a cabo una resolución para evitar el tráfico de armas en la región y señaló directamente que las empresas de armas concen e ignoran medidas para prevenir que los productos lleguen a grupos delictivos.
“Tienen estrategias de comercialización apuntaladas hacia esos grupos (…) el Estado mexicano solicita a la Corte Interamericana que se pronuncie sobre la posibilidad de que las actividades —negligentes o intencionales— de las empresas de armas puedan derivar en vulneraciones a los derechos humanos“.
Barcena precisó que la violencia armada no es un problema exclusivo de México, sino que también Bolivia, Colombia y Costa Rica han expresado constantemente su preocupación por la venta ilegal de armas.
