EFE.- Un exasesor de la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, permanecerá detenido durante 10 días mientras es investigado por haber presuntamente integrado una organización criminal acusada de realizar tráfico de influencias en el interior del Ministerio Público, informó este martes un juez peruano.
El juez Leodan Cristóbal Ayala, titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, realizó este martes el control de identidad de Jaime Villanueva Barreto, quien fue detenido el lunes por el equipo especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad de la Policía (Diviac).
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Durante la diligencia de control de identidad, el juez verificó los datos personales del investigado y que se haya cumplido con respetar escrupulosamente sus derechos durante su detención.
Villanueva declaró que tiene 46 años, es licenciado en filosofía y no sufrió ningún maltrato al momento de ser arrestado.
El juez emitió de inmediato una resolución en la que señaló que el plazo de detención preliminar dictada en su contra vencerá el próximo 7 de diciembre, cuando el Ministerio Público deberá pronunciarse sobre su caso.
En la audiencia participaron la fiscal adjunta del Eficcop, Mariluz Cárdenas y el abogado César Euscátegui, defensor de Villanueva, así como agentes de la Diviac.
Al término de la audiencia, Euscátegui declaró a periodistas que en las próximas horas presentará una apelación para solicitar que se libere a su defendido.
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“El objetivo es que mi patrocinado no esté los 10 días detenido“, sostuvo antes de indicar que actualmente se están realizando las diligencias preliminares del caso y aún “no hay nada concreto”.
El abogado sostuvo que el objetivo de la detención e investigación del asesor “es atacar al entorno de la fiscal de la nación para poder hacerle daño“.
El Eficcop y la Diviac detuvieron el lunes a Villanueva y allanaron viviendas y oficinas de asesores y exasesores de Benavides, como parte de la investigación de la presunta organización criminal “enquistada en la alta dirección del Ministerio Público”.
Esa organización supuestamente buscaba influir ilícitamente en decisiones de congresistas para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez y la inhabilitación de la exfiscal de la nación Zoraida Ávalos “para fines ilícitos”.
En respuesta a la investigación, Benavides destituyó a la fiscal Marita Barreto como jefe del Eficcop y también a Villanueva como su asesor.
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Luego aseguró que las investigaciones son un acto torpe para intentar bloquear las investigaciones que sigue contra los máximos representantes del gobierno por las muertes durante las protestas que se desarrollaron de diciembre a marzo pasado.
En ese sentido, informó que presentó una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y otras autoridades.
Tras ese anuncio, Boluarte señaló que la decisión de Benavides es una deleznable maniobra política con la que pretende distraer la atención de la ciudadanía de las investigaciones en su contra.
