EFE.- La Corte Suprema de Texas tendrá que decidir en las próximas semanas si hace válida una ley a favor de médicos y mujeres que denunciaron al estado porque no pudieron practicar o recibir abortos por temas de salud ante las restricciones existentes.
Este martes se celebró la vista en la que participaron los abogados y la fiscalía del estado de Texas, que recurrió la sentencia de un tribunal menor.
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En un fallo del 4 de agosto de 2023, la jueza de distrito de Texas Jessica Mangrum falló a favor de los 22 demandantes y confirmó que las mujeres deberían haber recibido servicios de aborto.
Por tanto, emitió una orden judicial que bloqueaba las prohibiciones del aborto en Texas que se aplican a personas embarazadas con complicaciones peligrosas, aclarando que los médicos pueden usar su propio criterio médico para determinar cuándo brindar atención de aborto en esas situaciones.
Pero el estado de Texas apeló inmediatamente el fallo, impidiendo que entrara en vigor y ahora es la Corte Suprema de Texas la que tendrá que decidir si confirma el fallo.
En la vista participó Molly Duane, abogada del Centro de Derechos Reproductivos que ayudó inicialmente a presentar la demanda, quien afirmó que los últimos dos años las prohibiciones del aborto surgidas en el estado después de que la Cortes Suprema tumbó la sentencia Roe vs. Wade han sido catastróficas para pacientes y médicos.
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“Someten a médicos como mis clientes a las penas más extremas imaginables, cadena perpetua y pérdida de su licencia médica. Y aunque técnicamente existe una exención médica, nadie sabe lo que significa y el estado no nos lo dice”, explicó.
La demanda pide específicamente al Supremo que defina qué circunstancias califican como una “emergencia médica”, a la vez que solicita al tribunal que se le permita los médicos usar su propio criterio profesional sin temor a ser penalizados.
A comienzos de este año, varias mujeres denunciaron a Texas porque se les negó el acceso al aborto pese a que los fetos eran inviables. Algunas incluso sufrieron graves consecuencias de salud, ya que los médicos decidieron esperar a que el corazón del feto dejara de latir, como marca la ley.
“Mis clientes, tanto médicos como pacientes, no tuvieron más remedio que acudir a los tribunales para pedir una aclaración y la demanda que presentamos es bastante limitada. Sólo buscamos una aclaración de lo que significa la ley”, precisó Duane.
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En el marco de este recurso al Supremo, el pasado 20 de noviembre se presentó un escrito amicus curiae en nombre de 40 empresas e individuos líderes de Texas en apoyo de la posición de los demandantes.
El informe sostiene que las incertidumbres en torno a las prohibiciones del aborto en Texas están teniendo un impacto negativo en la economía del estado, con una pérdida estimada de ingresos de 14 mil 500 millones cada año.
“Sabemos que las personas abandonan el estado de Texas porque no sienten que sea seguro continuar con un embarazo dentro de este estado. Los médicos se van de Texas y la gente está rechazando ofertas de trabajo porque no quieren mudarse aquí”, explicó a EFE Sarah Cummings, una de las abogadas que presentó el escrito.
“También sabemos que la gente está optando por no traer sus negocios a Texas. Hay un ejemplo en nuestro informe de una mujer que vive en Massachusetts que tenía 19 semanas de embarazo y canceló un viaje de negocios a Texas porque temía que si estaba aquí y necesitaba tratamiento de emergencia, no podría recibirlo ni siquiera durante un breve viaje de negocios”, explicó.
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La prohibición al aborto en Texas a partir de las cinco semanas entró en vigor en septiembre de 2021, pocos meses después de que Supremo tumbara la sentencia Roe vs. Wade que había protegido durante cinco décadas el derecho al aborto a nivel federal.
Texas es uno de los estados con leyes más restrictivas con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, siendo la única causa justificable para practicarlo después de las cinco semanas cuando la vida de la madre esté en riesgo.
A fecha de hoy, y de acuerdo con datos de la organización Guttmacher Institute, el acceso al aborto ha sido eliminado parcial o totalmente en 21 estados, incluyendo Texas, Florida, Alabama, Georgia, Kentucky o Carolina del Norte.
