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Acusan impunidad en el caso de tortura sexual contra mujeres de Atenco, ocurrido en 2006

Foto: Centro Prodh

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) acusó este martes que el Estado mexicano no ha acatado la sentencia que emitió hace cinco años la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso de tortura sexual contra 11 mujeres en la represión de San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006.

A través de redes sociales, el Centro Prodh acusó que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue sin investigar “de manera integral los hechos de tortura sexual, como lo ordenó la CoIDH“.

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“La falta de acceso a la justicia en este y otros casos de tortura contra mujeres continúa siendo un pendiente del Estado mexicano”, señaló el Centro Prodh.

“La fiscalía debe indagar responsabilidades en la cadena de mando durante la planificación e implementación del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006”, agregó.

Asimismo, acusó al gobierno de México de que aún no ha establecido un observatorio independiente para el caso, como lo ordenó la Corte Interamericana “como garantía de no repetición”.

En noviembre del 2020, un juez federal le ordenó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que envíe a la FGR la investigación por abusos y violaciones de 11 mujeres a manos de policías durante una manifestación en Texcoco y San Salvador Atenco.

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Las víctimas exigen que se castigue a todos los responsables, incluido al que haya dado la orden que derivó en los brutales abusos, y que sea la FGR quien asuma las pesquisas. Pero los investigadores estatales se negaron a enviar la indagatoria a las autoridades federales.

En 2008, alrededor de 11 mujeres víctimas de las conductas policiales hicieron una petición a la CorteIDH para garantizar la reparación del daño por el abuso por parte de los policías.

En 2006, las mujeres fueron detenidas, torturadas y violadas por elementos policiales de distintos niveles de gobierno en el municipio de San Salvador Atenco.

Los enfrentamientos se dieron debido a la oposición de los pobladores ante la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona del lago de Texcoco, anunciado, en un principio, por el expresidente Vicente Fox.

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