Por José Gerardo Mejía
La Cámara de Diputados aprobó una iniciativa del Ejecutivo federal que sanciona con prisión de diez a veinte años a quien utilice drones para arrojar artefactos explosivos, armas o sustancias químicas sobre otras personas o bienes.
El dictamen fue aprobado con 419 votos a favor y 23 abstenciones de Movimiento Ciudadano (MC), y establece que “cuando la persona o el bien afectado pertenezca a las fuerzas armadas, seguridad nacional o de seguridad pública, la pena aumentará hasta en una mitad”.
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El diputado Braulio López, de MC, explicó que el voto en abstención de su grupo parlamentario se debe a que la regulación planteada contiene ambigüedades que causan preocupación.
“Creemos que se debe optar por una mejor regulación, se debe dar presupuesto para efectos de tener las herramientas tecnológicas, para tener las herramientas de recursos inclusive humanos, para darle seguimiento a estas conductas que, obviamente, pueden causar un daño social”, explicó.
El dictamen modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y fue enviada a la Cámara de Senadores para su discusión y en su caso, ratificación.
La sanción que contempla una pena de cárcel también se aplicará “a quien utilice aeronaves pilotadas a distancia, equipadas con dispositivos que permitan fotografiar o realizar grabaciones de audio o video, de forma física o empleando medios electrónicos”.
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El dictamen presidencial indica que cuando se cometiere por una persona servidora pública de alguna corporación policial, se impondrán, además de las penas señaladas, la destitución del empleo e inhabilitación de uno a diez años para desempeñar cargo público o comisión.
La iniciativa reconoce que grupos del crimen organizado han utilizado estos artefactos para transportar explosivos que son lanzados a personas, utilizados en enfrentamientos y en contra de las autoridades, así como para el transporte de droga y el espionaje.
La diputada de Morena, Rosangela Amairany Peña Escalante, quien presentó la iniciativa en el pleno, argumentó que “de acuerdo con los registros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, en México se han realizado más de 600 ataques con drones equipados con explosivos”.
“La mayoría de estos han ocurrido en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. Los ataques de drones con explosivos y elementos químicos no solo han sido realizados en contra de instituciones de seguridad, sino también en contra de la población civil”, apuntó.
