Por Karina Garza Ochoa/ Corresponsal
Nuevo León.- El gobernador Samuel García ordenó la suspensión del pago de sueldo a 7 mil servidores públicos de dependencias lideradas por políticos no afines a su partido.
La pugna entre el gobernador de Nuevo León y sus opositores vivió este miércoles un nuevo capítulo de revancha, pegando ahora a los bolsillos de los trabajadores.
Te puede interesar: Aprueban en comisión del Congreso de Nuevo León la licencia por seis meses solicitada por Samuel García
Al menos 7 mil empleados de la Fiscalía de Justicia, el Congreso Local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Poder Judicial, el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información y la Auditoría Superior de Nuevo León, se quedaron sin recibir su salario en la primera quincena de noviembre.
En un comunicado conjunto, las dependencias estatales señalaron que la falta de pago corresponde a una decisión del gobernador Samuel García, a quien acusan de girar instrucciones para que la Tesorería Estatal detuviera el depósito de la nómina.
“Lamentamos que con esta decisión de revancha política se vean afectadas miles de familias de padres y madres, servidoras públicas, que como toda persona trabajadora, dependen de un salario para llevar sustento a sus hogares y sacar adelante a sus hijas e hijos”, señala un comunicado firmado por los titulares de las seis dependencias.
Te recomendamos: Diputados de MC y PAN en Nuevo León chocan por la solicitud de licencia de Samuel García
Los titulares de las seis dependencias afectadas urgieron al gobernador destrabar los recursos para pagar a los empleados.
El pasado 11 de noviembre, diputados federales del PRI y PAN presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Samuel García, por el delito de desvío de recursos públicos federales, al señalar que el mandatario condicionó la entrega de recursos a los alcaldes en la entidad al apoyo de sus iniciativas de gobierno.
También afirmaron que el gobernador García no se salvará de enfrentar un juicio político por sus “violaciones graves al federalismo, a la Constitución y a las leyes que de esta emanan, por el manejo indebido de fondos y recursos federales”.
