AP.- El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha apresurado a crear más zonas naturales protegidas en el final de su mandato, pero los ambientalistas lo acusan de tratar de “pintar de verde” su imagen de partidario del petróleo en la era del cambio climático.
Los ambientalistas dicen que el gobierno dedicó los primeros cinco años de su sexenio a construir una nueva y gigantesca refinería de petróleo, apuntalar la empresa petrolera estatal y aprobar leyes contra los productores de energías renovables.
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El gobierno se jacta de añadir decenas de zonas protegidas, a la vez que recorta los fondos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el dinero disponible para la protección de esas zonas, dicen los activistas.
El presupuesto aprobado por el Congreso para 2024 reduce los fondos para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 9 mil millones de pesos, es decir, el 11%. Es el recorte más reciente aprobado por el gobierno de López Obrador, que en total, incluyendo el nuevo presupuesto, ha reducido en un 35% los fondos asignados a la protección ambiental por su predecesor.
Al día siguiente de la aprobación del presupuesto, la Semarnat presidió una conferencia internacional en Cancún para festejar su creación de más zonas protegidas que cualquier otra en la historia de México.
En sus cinco primeros años, el gobierno creó una zona protegida por año. En los últimos tres meses creó 16, proyectó otras 12 y dijo que planea otras 10 antes del fin del sexenio.
Los activistas ambientales dijeron que el presupuesto saca a la luz un gobierno cuyas credenciales ambientalistas son un mero alarde.
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“Este gobierno quiere decir que le importa el ambiente creando nuevas áreas naturales protegidas en los papeles”, dijo Gina Chacón, una investigadora que convocó a expertos para estudiar el presupuesto con la coalición de ONG climáticas Noreste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental.
“No queremos proteger el ambiente en los papeles. Debemos proteger el ambiente con medidas reales, y las medidas requieren dinero”, dijo.
México tiene una Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) con presupuesto propio. Este ha sufrido numerosos recortes desde 2016, particularmente durante el primer año de gobierno de López Obrador.
Las áreas protegidas tienen varias designaciones, cada una con sus propias restricciones. En las reservas de la biosfera sólo se pueden realizar investigaciones, mientras que los parques nacionales admiten el turismo y las áreas de flora y fauna protegidas permiten la extracción de ciertos recursos.
La explosión de las áreas protegidas, que ahora abarcan el 33% del territorio mexicano, y los recortes presupuestarios, significan que la CONANP tiene en promedio 10.6 pesos por hectárea. En 2016 tenía 26.5 pesos por hectárea.
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“Es ridículo”, dijo Chacón. “Imagínese, hicimos este cálculo teniendo en cuenta 203 áreas naturales, pero para fin de este año tendremos 225 áreas naturales protegidas que tendrán que compartir los fondos”.
La Semarnat se negó a hacer declaraciones sobre los recortes y cómo piensa proteger las áreas con menos de la mitad de los fondos por hectárea.
Sin embargo, en su evaluación del presupuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados dijo que la mayoría de los recortes eran de fondos asignados al agua potable, decisión que, dijo, “llama la atención”.
La capital del país declaró una “crisis” de agua corriente el viernes, y más de las tres cuartas partes del país padece sequía.
“Ningún incremento presupuestal resulta suficiente para resolver todas las problemáticas ambientales que enfrenta nuestro país, en especial porque la solución de algunas de estas problemáticas depende de lograr un cambio integral en el modelo económico que prevalece en el mundo actual, caracterizado por el consumismo y la generación masiva de residuos de todo tipo”, dice el informe. La comisión aprobó un presupuesto que recorta los fondos en un 11%.
El presupuesto total del gobierno federal del año próximo es 4.3% más grande que el de 2023, y recibió críticas por no asignar específicamente fondos para la reconstrucción de Acapulco, devastado por el huracán “Otis” hace casi tres semanas. A último momento, se direccionaron algunos fondos de recortes controversiales al poder judicial —que provocaron cuatro días de huelgas en los tribunales— a la crisis del puerto turístico.
