Por Jaime Farías / Corresponsal
Chetumal.– Gabriela Arroyo, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, señaló que será hasta el año 2030 cuando empiecen a notarse los avances de la lucha contra la corrupción en la entidad.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), posiciona a Quintana Roo como el estado más corrupto de México.
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Según la encuesta, Quintana Roo ocupa el primer lugar con el mayor número de víctimas de actos de corrupción en al menos uno de los trámites hechos, con 20.41 por cada 100 mil habitantes; en segundo lugar se encuentra Puebla, con 19.58; y le sigue Baja California, con 19.3.
Pese a estos resultados, Gabriela Arroyo justificó los más de 34 millones de pesos que su dependencia recibió en el presupuesto para el año 2023.
Más del 60% de ese presupuesto se destina a salarios de solamente 15 personas que laboran en esa dependencia.
En entrevista, Arroyo negó que sea un gasto excesivo y que no hayan dado resultados. Señaló que tan solo para “los proyectos” destinan 3 millones de pesos, para la implementación de la política anticorrupción de la entidad.
Insistió en que los funcionarios de esa área “no le cuestan caro a los quintanarroenses” o que sean un órgano innecesario.
Reconoció que hasta el año entrante, cuando se haga una evaluación y se determine si han dado resultados las políticas anticorrupción que han implementado, “la gente tiene que saber que Quintana Roo tiene un sistema anticorrupción, que estamos trabajando en el tema del combate, en la atención e investigación de faltas administrativas, somos un órgano técnico, nosotros coordinamos a todos los integrantes del sistema”.
