Por José Gerardo Mejía
La coalición legislativa del Frente Amplio por México anunció que presentará una controversia constitucional para frenar la extinción de al menos seis de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
En conferencia de prensa, Jorge Romero, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, explicó que “esos fideicomisos no son para lujo de los ministros de la Corte, no estamos defendiendo lujos, privilegios, miles de asesores, viajes infinitos o que coman con caviar”.
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Y explicó: “Lo que estamos defendiendo, son al menos seis de 13 fideicomisos que fueron compuestos, no sólo con recursos del gobierno, sino con aportaciones laborales individuales de miles de trabajadores de base, como los que sacan fotocopias, que tienen muchos años laborando”, explicó.
Marco Mendoza, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que el argumento central de la controversia “es la vulneración al principio de la división de poderes, creemos que atenta contra el Poder Judicial y detrás de esta reforma está el ataque y la intención de debilitar a un contrapeso”.
“Vulnera el proceso legislativo, porque se excluyó de la dictaminación y del estudio a la Comisión de Justicia, que es el órgano competente en la materia dentro de la Cámara, vulnera la seguridad e integridad de los juzgadores y violenta lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, toda vez que al extinguirse los fideicomisos, los recursos tendrían que reintegrarse, no a la Tesofe, sino en todo caso, al propio Poder Judicial”, subrayó el legislador.
El diputado Mendoza adelantó que la controversia será presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los próximos días porque, además, “los fondos a que hace referencia la reforma están compuestos por contribuciones de los trabajadores del Poder Judicial, es decir, son recursos propios, no se trata de recursos etiquetados por la Cámara de Diputados”.
Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI, consideró como “un atropello a la división de poderes y una más de las muestras para debilitar a las instituciones de este país”.
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“Los efectos del huracán en Guerrero se maximizaron precisamente por la destrucción de las instituciones, del Sistema de Protección Civil y la acción premeditada de quitarle recursos a los estados y los municipios que hoy no tienen cómo enfrentar las dificultades diarias”, ejemplificó Moreira.
El 25 de octubre pasado, Morena y aliados aprobaron en el Congreso de la Unión la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, cuyo monto supera los 15 mil millones de pesos.
