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Por Diego Soto / Corresponsal
Baja California Sur.- Un juez federal ordenó al gobierno de La Paz establecer mecanismos para monitorear, verificar, vigilar e informar sobre los niveles de contaminación en el municipio, según informaron el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Cómo Vamos La Paz.
De acuerdo con las organizaciones, se ordenó además la implementación de nuevas políticas para hacer frente a la contaminación en la ciudad.
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En conferencia de prensa, el observatorio ciudadano Cómo Vamos La Paz, expuso que la entidad no cuenta con un sistema para monitorear la calidad del aire, pese a que en diez años el tema forma parte de su agenda.
Los primeros esfuerzos para conocer detalles de esa situación se realizaron en 2010, luego en 2014, por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y en 2019, por la empresa hotelera Puerta Cortés. Sin embargo, no se ha emitido información oficial por parte del gobierno.
Ruth Ramírez, directora de comunicación de Cómo Vamos La Paz, destacó que desde la creación del Programa Proaire, no se han implementado acciones para mejorar la situación.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) precisa que La Paz cuenta con una población de 292 mil 421 habitantes; en la ciudad se estima que la flota vehicular es de 78 vehículos por cada 100 habitantes, lo que conlleva una emisión de contaminantes del 93%.
“No contamos con ninguna información oficial para saber qué es lo que estamos respirando (…) ¿Qué se ha hecho hasta ahorita con el tema del Proaire? Nada. Cinco años después, el gobierno del estado dio de alta el comité núcleo para comenzar a tomar las riendas en este tema y ver qué podemos hacer. Sin embargo, esto fue desde 2018, fue otra administración, pero hasta el momento no se ha avanzado”, expresó Ramírez.
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En octubre de 2021 se presentó una demanda de amparo bajo el folio 1364/2021 en el Juzgado Primero de Distrito de Baja California Sur, donde se le demandó al ayuntamiento de La Paz la omisión de realizar la verificación vehicular, la de no tener un listado de contaminantes móviles, y la de no vigilar e inspeccionar las fuentes móviles.
María Inés Pérez, abogada senior del Centro Mexicano de Derecho Ambiental oficina noroeste, destacó que las políticas o programas deben realizar acciones concretas y precisó que se deben analizar pensando en un beneficio a la ciudadanía para que no quede sólo en un papel, sino que genere un impacto social.
“En contra de esta sentencia, la presidenta municipal presentó un recurso (…) alegaba que no le correspondía realizar esas acciones y ese recurso lo resolvió un tribunal federal (…) y resolvió que no es cierto, que efectivamente tiene que realizar estas acciones y que se debe cumplir en beneficio de la ciudadanía”, apuntó María Inés.
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A decir de las ONG, Milena Quiroga, presidenta municipal de La Paz, a través del director jurídico, argumentó ser incompetente en violaciones a la salud de las personas ante la falta de implementación de acciones y políticas públicas respecto a la contaminación del aire.
Así mismo, precisaron en sus argumentos que sus facultades se atribuyen al hacer lo que la ley expresamente les permite, considerando que la sentencia es incongruente y que el juez no estudió completamente el caso.
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