El Poder Judicial no cae en excesos, aseguran sus integrantes ante diputados durante defensa del presupuesto solicitado para 2024

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Foto: Cámara de Diputados

Por Jorge Monroy

Ante diputados federales que analizan el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2024, integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) negaron excesos de gastos y rezago de sentencias. Además, defendieron los 84 mil millones de pesos solicitados para ejercer el próximo año. 

“Siempre hemos sido empáticos con la sociedad”, argumentó el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, secretario ejecutivo del pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), frente a las duras críticas que lanzaron diputados de Morena y PT, quienes argumentaron excesos en gastos de jueces, ministros y magistrados. 

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El PJF solicitó a la Cámara de Diputados un gasto total 84 mil 792 millones de pesos para el próximo año, compuesto por 6 mil 109.1 millones de pesos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 74 mil 793.3 millones para el CJF y 3 mil 890 millones para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En una reunión ante diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia, dijo que el PJF ha hecho más eficiente el ejercicio de recursos, y en promedio ha ejercido el 99% de su presupuesto.

“En los últimos años, también el Poder Judicial y sus diferentes órganos han estado implementando diferentes medidas de austeridad y racionalidad. Los tres órganos del PJF, en un espacio interinstitucional, nos ponemos de acuerdo para implementar estas medidas de racionalidad y de austeridad que nos permitan tener un mejor ejercicio del gasto y una mayor contención del gasto”, sostuvo.

Enseguida, diputados de Morena y PT cuestionaron a los funcionarios del PJF por excesos en el presupuesto solicitado. 

Erasmo González Robledo, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Presupuesto, cuestionó que existan montos adicionales en el proyecto de presupuesto del PJF, “de los cuales no se sabe su destino”, según dijo. Además de que estimó que en los últimos 5 o 6 años ha tenido 15 mil millones de pesos no ejercidos que no ha devuelto a la Tesorería de la Federación. 

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Gisela Morales argumentó que desde el 2018 el Poder Judicial ha generado ahorros y economías que reorienta a otras prioridades que son reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

“¿Qué hacemos con ese dinero que resulta de las medidas de contención del gasto? Generalmente, lo reorientamos en el CJF a fondear presiones de gasto que vienen de origen desde el presupuesto autorizado; en la Suprema Corte se han reorientado a otras prioridades institucionales que han permitido no tener que ampliar el presupuesto durante el ejercicio fiscal”, indicó.

La funcionaria de la SCJN dijo que el seguro de gastos médicos mayores es un derecho y prestación de los trabajadores de todos los niveles en el PJF, y destacó que no se paga con fideicomisos.

Admitió que hay apoyos complementarios en este rubro para casos excepcionales, justificados y valorados por comités para beneficiar a algún trabajador, principalmente operativo. 

“No hay rezago de sentencias”, aseguran integrantes del PJF

A la pregunta de por qué los jueces tienen juicios y sentencias pendientes de hace 10 años o más, el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez indicó que, en promedio, ingresan 1.8 millones de asuntos al año.

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Apuntó que en 2022, los ingresos, sin contar los que ya se integraban, sumaron 1 millón 256 mil 077 asuntos, de los cuales se egresaron 1 millón 214 mil 806 asuntos. “Tenemos una diferencia de asuntos pendientes al 2022 de 41 mil 271 asuntos que representan 3.29%”, refirió. 

Cuestionado por los diputados Hamlet García y Juan Ramiro Robledo sobre la creación de nuevas plazas para el próximo año, el magistrado José Alfonso Montalvo destacó que el monto previsto por 3 mil millones de pesos, no solo es para ese concepto, sino que también se utilizan para crear 100 nuevos tribunales, lo cual fue un compromiso del acuerdo comercial T-MEC, de crear nuevos tribunales y más rápidos. Ejemplificó que en el Bajío creció la cantidad de litigios, principalmente por el aumento de las empresas automotrices.

Indicó que en 2024, el Poder Judicial tendrá que crear 24 nuevos órganos de impartición de justicia. 

El diputado Hamlet García cuestionó por qué el PJF pidió 39 millones de pesos para servicios de mantenimiento de servicios de informática, y a vez solicita un monto 149 millones para desarrollar apps; dijo que con ese monto se podrían contratar a 30 programadores de Google que cobran 100 mil dólares al año.

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Pero César Javier Campa Campos respondió que no sólo es para el desarrollo de aplicación, sino también para servicios profesionales para el desarrollo de sistemas, desarrollo de sitios, programación por computadora, licencias, entre otros componentes.

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