La desaparición de los fideicomisos con los que se cubren prestaciones y pensiones de los trabajadores del Poder Judicial Federal es una venganza del gobierno contra ese órgano porque declaró inconstitucionales varias reformas en materia electoral, señaló el líder de los trabajadores, Gilberto González.
Al participar en una reunión con senadores de las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos segunda, quienes elaboraron el dictamen para desaparecer esos fideicomisos, el dirigente sindical preguntó si la decisión de los diputados de la mayoría formada por Morena, Partido Verde y PT tiene motivos técnicos o políticos.
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“Esta desconfianza en el Poder Judicial de la Federación fue un tema presidencial que comenzó posterior al 9 de julio de este año. Del 22 de mayo al 9 de julio, la Corte invalidó diversas reformas en materia electoral, a partir del 9 de julio se trajo a colación el tema de los fideicomisos como una amenaza derivada de una determinación judicial que no agradó a la clase gobernante, entonces ¿esta propuesta de eliminar los fideicomisos es política o técnica?”.
El sindicato del Poder Judicial había anunciado que González Pimentel participaría en una sesión de parlamento abierto en el Senado, sin embargo, por gestión de legisladores de oposición ingresó a la reunión de comisiones, aunque morenistas como Cristóbal Arias, Antonio Álvarez, Marybel Villegas y José Narro votaron a favor de que no se le permitiera hablar porque su intervención no estaba anotada en la orden del día.
En una participación de cinco minutos, el dirigente sindical explicó qué objetivo tienen esos mecanismos de ahorro. De entrada, descartó que sirvan para pagar “privilegios” de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “Ningún fideicomiso se usa para sueldos y prestaciones de ministros, jueces y magistrados, pues estos rubros vienen del presupuesto”.
De los 14 que los diputados aprobaron eliminar, uno que no cuenta con fondos es usado para venta de libros, semanarios judiciales y materiales que imprime el Poder Judicial para promover la cultura jurídica, mientras que nueve se formaron en la década de 1990 con los ahorros y economías del PJF. Los restantes se usan para gastos de infraestructura, renovar mobiliario, compras y conservación de edificios, mientras uno más es para apoyo a reformas constitucionales y uno más para crear centros de justicia.
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Mientras el senador Ernesto Pérez lo apuraba para concluir su intervención, Rodríguez Pimentel aseguró que la reforma afecta los fideicomisos destinados a apoyos médicos complementarios que tienen recursos por unos 8 mil millones de pesos.
Las decisiones legislativas impactan directamente a la base trabajadora y al afectar los recursos del Poder Judicial se daña a los encargados de operar las reformas que los propios diputados y senadores han aprobado, concluyó.
