Por Jesús Padilla, Mauricio Villalón, Jaime Farías y Yogui Rojas / Corresponsales
Trabajadores del Poder Judicial volvieron a manifestarse en las sedes del organismo en Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán, en protesta por la desaparición de los fideicomisos usados para el pago de sus pensiones y prestaciones, que aprobaron los diputados de Morena y sus aliados del PT y Partido Verde.
En Guanajuato, alrededor de 200 empleados protestaron por segundo día en León, Guanajuato, Irapuato y Celaya, y se unieron al paro nacional decretado por el sindicato y sus agremiados.
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El paro inició este jueves y a las personas que tenían audiencias les informaron que serían reprogramadas y solo atendían asuntos urgentes, como amparos.
En las sedes en varios municipios del estado, los trabajadores se colocaron en las entradas y mostraban pancartas.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación no se toca”, “No son privilegios, son nuestros derechos”, se leía en las cartulinas.
En tanto, Germán Briseño, delegado del sindicato de trabajadores del Poder Judicial en Querétaro, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe ofrecer una disculpa pública durante su conferencia matutina por sus constantes insultos hacia este organismo.
“Exigimos una disculpa pública emitida por él en la mañanera en donde se desdiga de todo lo que ha mencionado del Poder Judicial y de sus trabajadores (…) que sea para resarcir el daño ante la sociedad, porque al Poder Judicial de la Federación de fifís no nos baja”, expresó.
En Quintana Roo, las sedes del PJF en Benito Juárez y Chetumal permanecieron cerradas, mientras que en Mérida poco más de 600 trabajadores marcharon, lanzando consignas de crítica al gobierno federal.
Exigieron que cesen los ataques contra jueces y magistrados y el presidente deponga su intención de apoderarse del Poder Judicial.
Al recorrer algunas calles de la capital de Yucatán, los inconformes hicieron notar que durante la pandemia en varios juzgados se tramitaron y resolvieron los amparos que permitieron la vacunación y tratamientos oncológicos infantiles, que la administración de López Obrador había negado.
