EFE.- Unas 300 familias indígenas tzotziles, víctimas de desplazamiento forzado en 2017, se manifestaron este miércoles en la comunidad Tulantic, municipio de Chalchihuitán, Chiapas, para exigir que el gobierno cumpla una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y se apliquen las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tras seis años del desplazamiento forzado interno de Chalchihuitán, las víctimas denunciaron que las más de cinco mil personas que huyeron del ataque de un grupo civil paramilitar aún no tienen justicia y son ignoradas por los gobiernos municipal, estatal y federal.
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El defensor de derechos humanos y víctima de desplazamiento forzado, Roberto Guirón Pérez, señaló a EFE que “ante esas recomendaciones el gobierno mexicano se ha negado a todo lo que tenemos demandado, no ha dado nada, no nos ha dado la atención humanitaria, tenemos varias demandas en esa recomendación, por eso a seis años de los hechos le exigimos al gobierno que cumpla”.
Recordó que el 18 de octubre de 2017, eran cinco mil 23 personas las desplazadas, provenientes de nueve comunidades, pero el 2 de enero 2018 unas cuatro mil personas fueron obligadas a retornar sin condiciones de seguridad y garantía alguna por parte del expresidente municipal y exgobernador Manuel Velasco, expresó el vocero de los desplazados, que prefirió omitir su nombre por seguridad.
El vocero explicó que por lo menos mil 54 personas se resistieron a ese retorno, ya que ni la autoridad municipal, ni la estatal tomaron sus datos para establecer un censo, como corresponde, “y tampoco nos proporcionó las garantías de seguridad“.
Ante este escenario, los desplazados exigieron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fecha 28 de diciembre 2018.
En la recomendación 87/2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó la implementación de medidas cautelares para que las autoridades brindaran a la población desplazada protección inmediata, ayuda humanitaria y seguridad.
También se pidió al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las autoridades se diseñe e implemente un programa de reparación colectiva a las víctimas directas e indirectas de quienes fallecieron durante el DFI, y se les brinde atención médica y psicológicas.
“A quienes sufrieron daños en sus viviendas, perdieron sus cosechas y animales de granja, y a todas aquellas que lo requieran se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas”, señaló.
Así como la que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución de reparación integral del daño a quienes fallecieron, sufrieron daños a sus cosechas y animales de granja, perdieron sus casas o parcelas.
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Los manifestantes se acompañaron de organizaciones civiles y de Derechos Humanos, quienes en su momento aportaron ayuda humanitaria y jurídica.
En su protesta, los manifestantes recordaron que entre las personas que se resistieron al regreso fueron 255 mujeres, 550 niñas, niños y adolescentes y 206 hombres, “ya que no existen las condiciones, hemos perdido todo derecho y hasta nuestras tierras”, dijo Elidia Gómez García, una de las desplazadas.
“Ya no hay dónde sembrar nuestros alimentos, nuestras cosechas, como café, maíz, cacahuate, y estamos sufriendo con nuestros hijos, nuestros familiares ancianos, estamos sufriendo porque no tenemos nuestras casas dignas”, añadió la mujer.
Recordaron que el 18 octubre de 2017, las mujeres y sus hijos salieron de madrugada de manera imprevista de las comunidades de Canaluntik, Pom, Shishimtontic, Jolcantic, Bejelton, Tulantic, Chenmut, Bololchojon, y Cruzthon, municipio de Chalchihuitán, Chiapas, para refugiarse en las montañas.
Las víctimas de desplazamiento forzado realizaron un ritual maya en el que dieron gracias por la vida, pidieron por la paz y amor para la humanidad, que las guerras no se extiendan y que el gobierno cumpla con su parte.
