EFE.– La legalización de la marihuana en Canadá hace cinco años ha generado beneficios sociales, pero también ha causado el aumento de problemas de salud, como el fuerte incremento de casos de psicosis, según un artículo publicado este martes en la revista médica Canadian Medical Association Journal (CMAJ).
El artículo señala que aunque la legalización ha supuesto una sustancial reducción en arrestos relacionados con el consumo de cannabis, también ha generado un considerable aumento de las admisiones en los servicios de urgencias por el uso de la droga.
Te interesa leer: La académica estadounidense Claudia Goldin gana el Nobel de Economía por sus estudios sobre la brecha de género en el mercado laboral
En Ontario y Alberta, dos de las provincias más pobladas del país, los hospitales han registrado un aumento del 20% de admisiones de jóvenes por trastornos e intoxicaciones relacionados con la marihuana.
El artículo está firmado por tres investigadores, Benedikt Fischer, Didier Jutras-Aswad y Wayne Hall, que trabajan para centros de salud mental y universidades de Canadá y Australia.
Un estudio citado por sus autores señala que, en Ontario, las tasas mensuales del síndrome de hiperemesis cannabinoide, que provoca ataques intensos de vómitos a los usuarios de marihuana, se han multiplicado por 13 desde la legalización de la droga.
El mismo estudio señala que las visitas a urgencias por episodios de psicosis provocados por el consumo de cannabis se han duplicado.
Otro estudio dijo que los casos de hospitalizaciones de niños de entre cero y nueve años intoxicados con productos comestibles que contienen marihuana se han triplicado.
De forma paralela, el número de consumidores que obtienen marihuana de forma legal ha aumentado de forma constante desde la legalización.
En la actualidad, dos tercios de los consumidores canadienses compran marihuana de fuentes legales.
Canadá legalizó el consumo recreativo de la marihuana a los mayores de edad en octubre de 2018. Entonces, el gobierno razonó que la legalización evitaría el coste social de la penalización del consumo y acabaría con una fuente de financiación de organizaciones criminales.
