Imputan a exfuncionario del gobierno de Graco Ramírez por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias

Por Jaime Luis Brito / Corresponsal

Morelos.- Jerónimo Bernal Soliveras, exfuncionario del gobierno de Graco Ramírez (2012-2018), fue imputado por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias, que provocaron daño al patrimonio por 124 millones de pesos y en la audiencia; el juez de control le impuso prisión preventiva justificada.

La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) logró demostrar que el exfuncionario no tiene arraigo en Morelos, pues este no pudo comprobar residencia en la entidad.

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Bernal Soliveras fue detenido el viernes en la colonia Vista Hermosa, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, luego de que al haber ocupado la Dirección del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, favoreciera a varias empresas de manera irregular.

Las autoridades detectaron que el mismo Bernal participaba en algunos casos en una sociedad junto con su padre; en otros, no se cumplieron los requisitos necesarios para la entrega de contratos estatales.

En 2015, siendo director del Fideicomiso, de forma indebida —valiéndose de la información que tenía en posesión, y a través del tráfico de influencias—, gestionó que le autorizaran seis contratos a favor de su empresa Tekarq S.A.

En 2012, creó la empresa Berso Edificaciones S.A. de C.V. con el fin de participar y ganar las obras que realizaría el gobierno de Morelos.

La defensa de Bernal Soliveras solicitó la ampliación del término constitucional de 122 horas antes de la audiencia de vinculación a proceso, para hacerse de mayores elementos para evitar que se le procese. El juez la fijó para el próximo 12 de octubre.

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Durante el gobierno de Graco Ramírez, su hijastro Rodrigo Gayosso fue señalado por varios empresarios de ser el orquestador de los “moches” y los contratos de obra para el desvío de recursos. Quien luego sería candidato del PRD a la gubernatura y derrotado por Cuauhtémoc Blanco construyó una red de funcionarios —amigos de juventud— que ocuparon posiciones estratégicas.

Uno de ellos era Bernal Soliveras, pero también se incluía a Sergio Beltrán Toto, quien fue encargado del dinero en la Secretaría de Obras Públicas y después responsable de la reconstrucción luego del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Entonces, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización advirtió que se habían desviado 10 mil millones de pesos provenientes no sólo de recursos públicos, sino de donativos privados. Beltrán Toto también tiene un proceso pendiente que incluso lo colocó en prisión un mes, aunque ahora lo lleva su proceso en libertad.