EFE.- El desplazamiento de indígenas de la comunidad de Acteal, ubicada en el municipio chiapaneco de Chenlahó, ocurrido luego de que paramilitares perpetraron la matanza que 45 personas en diciembre de 1997, busca ser reconocido por el gobierno federal como un desplazamiento forzado interno por la organización “Abejas de Acteal“.
Este viernes, el Consejo de la organización se pronunció frente al Poder Judicial de la Federación, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, donde se señaló que familiares de las víctimas y sobrevivientes exigen el reconocimiento del desplazamiento forzado interno en el contexto de la masacre.
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“En México es urgente a sentar un precedente judicial en materia de desplazamiento forzado interno, como violación grave y múltiple de Derechos Humanos, porque en pleno siglo XXI los desplazamientos forzados son el pan de cada día”, dijo a medios Zenaida Perez Gomez, familiar de una víctima de la matanza.
El 22 de diciembre de 1997, un grupo de indígenas que oraba en la comunidad de Acteal fue atacado por presuntos paramilitares, también indígenas, que asesinaron a 45 tzotziles de la comunidad de Las Abejas —21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, 15 niños y nueve ancianos—.
Decenas de sospechosos fueron arrestados en agosto de 2006 y condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por un juez federal.
La organización recordó que desde 1995, los indígenas habían denunciado las agresiones de grupos paramilitares y a partir de mayo de 1997 la historia fue de asesinatos, viviendas y parcelas saqueadas y quemadas para culminar en la matanza en diciembre.
Los desplazamientos forzados siguen
Una de las sobrevivientes de Acteal aseguró que a casi 26 años de distancia, “aún existen desplazados de 12 comunidades, que no han retornado por no haber condiciones favorables, sumado a miles de personas más que se están moviendo por culpa de los grupos de la delincuencia organizada en el territorio de Chiapas”.
El pasado 29 de septiembre, abogados de la organización “Las Abejas de Acteal” presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para exigir la reparación integral del daño por el desplazamiento forzado que padecieron más de 308 indígenas tzotziles.
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“Esto es un esfuerzo, una lucha que estamos haciendo, el beneficio no es para las 308 personas quejosas, si no la idea es sentar un precedente, la idea es buscar que todas las víctimas de desplazamiento forzado y los que están en calidad de desplazamiento también sean beneficiados”, dijo Patrocinio Hernández Gómez, sobreviviente de Acteal.
En su protesta, el Consejo de la organización mostró en lonas los sucesos clave que ocurrieron entre 1995 y 1998 en Chenalhó.
Este viernes, los quejosos celebraron la aceptación de la demanda sobre el desplazamiento forzado y presentaron a dos peritos independientes, mujeres, para realizar el peritaje socio-antropológico en el juicio de amparo.
“Venimos con dos abogadas independientes para que rindan un dictamen socio-antropológico, sobre las causas y efectos contra estas comunidades y la colectividad”, expresó Sandino Rivera, abogado del Consejo de la organización.
Según la organización, desde hace 10 años los perpetradores del atentado, presuntos paramilitares, han sido excarcelados uno por uno y ahora andan libres en la comunidad, además de que no se ha castigado a los autores intelectuales.
La protesta ocurre semanas después de que las comunidades indígenas han advertido una aumento en la violencia e inseguridad en el estado.
Activistas, diversas ONG y comunidades han señalado el clima de “guerra civil” que se vive en Chiapas por los conflictos armados, presencia de grupos del crimen organizador y cárteles del narcotrafico, lo que ha desencadenado homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, en particular en comunidades indígenas y afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Desde hace varios años, los 118 sobrevivientes de la masacre de Acteal y las familias de las 45 víctimas fatales buscan justicia y reparación del daño por parte del Gobierno mexicano.
Además, pretenden que se reconozca que la masacre fue derivada de una estrategia del gobierno para desarticular al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) levantado en armas en 1994, y que las personas que la ejecutaron fueron entrenadas por el Ejercito.
