Por Jaime Luis Brito/Corresponsal
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Atlacholoaya, en Xochitepec, Morelos, se negó a llevar el proceso contra Uriel Carmona Gándara, fiscal estatal, por la acusación de tortura a un detenido, argumentando que existe un conflicto de competencias, por lo que será un tribunal colegiado el que decida al respecto.
Esta mañana se llevó a cabo la audiencia en Atlacholoaya, donde el juzgador se negó a admitir el caso.
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Esto ocurre luego de que el 12 de septiembre pasado, el juez de Control de Morelos, Natanael Subdías, le quitó el caso a la fiscalía local y se lo entregó a la General de la República (FGR), y luego declinó competencia para enviarla a un juez federal de Almoloya, dado que en ese momento Uriel Carmona estaba preso en el penal del Altiplano.
Sin embargo, el juez de Almoloya dijo que por un asunto territorial y dado que Uriel Carmona fue dejado en libertad, correspondía a un juez federal que tuviera como sede Morelos llevar el caso, no obstante, el juez especializado de Control declinó y advirtió un conflicto de competencias, dado que el juez federal de Almoloya “no cumplió con ciertas formalidades”, que no fueron especificadas.
Con esto, el fiscal deberá esperar a la siguiente instancia, un tribunal colegiado, para conocer su situación legal en torno al caso que ahora lleva la FGR basado en la acusación de que Carmona habría torturado a Luis Alberto, alias “El Diablo”, acusado de haber participado en el asesinato de tres jóvenes en abril pasado.
Cabe recordar que Uriel Carmona fue detenido el 4 de agosto por la fiscalía de la Ciudad de México, y acusado de tres distintas causas por el feminicidio de Ariadna Fernanda, y luego por el caso de tortura.
Fue dejado en libertad el 22 de septiembre y regresó a su cargo, aunque sigue sometido a los cuatro procesos.
Este jueves, mientras él comparecía ante el Congreso de Morelos y advertía que no va a dejar el cargo, pues “no hay nada que me impida continuar”, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo formalizaba la solicitud para su remoción ante el propio Legislativo.
