Por Argenis Esquipulas/ Corresponsal
Chiapas.- La noche del viernes, un grupo armado, identificado como ejidatarios afines a Rogelio Hernández Gómez, incendió más de 29 viviendas pertenecientes a miembros del concejo municipal de Altamirano.
La violencia desatada no se limitó a las residencias, sino que se extendió a la quema de vehículos, negocios y otros bienes de colaboradores y simpatizantes del concejo municipal. La presidenta concejal, María García, vio su casa consumida por las llamas.
Además, presuntamente se registraron el secuestro de varias personas, cuyos familiares aún no han denunciado ante las autoridades por temor a represalias.
Según los primeros reportes, la disputa se intensificó tras la liberación del expresidente municipal, Roberto Pinto Kanter.
Entre los señalados como generadores de violencia se encuentran Enrique Hernández Gómez, Gaspar Santiz y Simeón Sánchez, quienes, según información, estarían movilizando a los ejidatarios para atentar contra los consejeros municipales.
Los pobladores, consternados por la violencia desatada en su comunidad, claman la intervención urgente de las autoridades para restablecer la paz y la seguridad en Altamirano. Además, temen que estos hechos desencadenen nuevos episodios violentos en la cabecera municipal.
En otros hechos, el pasado 28 de septiembre, una fuerza de 800 elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General y la Policía Estatal de Chiapas, fue movilizada en la frontera sur del país para hacer frente a la presencia de grupos del crimen organizado que bloquearon carreteras durante el pasado fin de semana en los municipios de Frontera Comalapa, La Trinitaria y Chicomuselo.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que su objetivo principal es inhibir las actividades de la delincuencia organizada y garantizar la libertad, el orden, la paz pública y permitir que la población continúe con sus actividades diarias sin temor.
