Un tribunal confirmó la exclusión de medios de prueba de información financiera en el proceso penal contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el caso Odebrecht, el único que se sigue en su contra luego de que fue exonerado por el caso Agronitrogenados.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México resolvió un recurso que presentó el Ministerio Público y Pemex contra la resolución dictada por un juez de excluir diversos medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Lozoya, en la audiencia intermedia del pasado 13 de marzo.
El tribunal confirmó la exclusión de la información bancaria remitida por la Confederación Suiza, así como los comprobantes bancarios de las transferencias de recursos de las offshore de Odebrecht a las empresas Latin America Asia Capital Holding y Zecapan S.A., obtenidos mediante solicitud de Asistencia Jurídica Internacional y remitida por el Ministerio Público de Justicia de Brasil.
Los magistrados del tribunal señalaron que dichas pruebas deben ser excluidas porque no fueron obtenidas mediante una orden judicial.
“Dichos medios probatorios contienen información bancaria respecto de la cual es necesario contar con una orden judicial previo a su obtención, y si bien es cierto que esas probanzas se allegaron a través del mecanismo de asistencia jurídica internacional (…) lo realmente importante es cómo se adquirió y la prohibición de incorporarse a procesos judiciales sin colmar los requisitos que nuestro derecho interno exige”, determinó el tribunal en la sentencia de la cual Latinus tiene copia.
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El juez también había determinado excluir como medio de prueba la copia certificada del procedimiento judicial a cargo de Robert L.Carpers, fiscal del Distrito Este de Nueva York, y de Andrew Weissmann, responsable de la Sección de Fraudes de la División Criminal, que investiga el caso Odebrecht, pero el tribunal de apelación resolvió que debe incluirla.
La FGR acusa a Lozoya Austin de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que habrían servido para comprar el voto a favor de legisladores de la oposición a la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.
Por el caso, el exfuncionario enfrenta los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
