AP.- Para muchos de los migrantes en Florida, la vida cotidiana cambió radicalmente en los últimos meses y está marcada ahora por el miedo.
Algunos tratan de manejar sólo para lo imprescindible y van menos veces al supermercado. Otros ya no llevan sus niños a los parques y temen dejarlos en las escuelas. Hay quienes incluso casi no salen a la calle, evitan viajar a otros estados, ir al médico o incluso cierran sus negocios y se mudan. Muchos están en alerta máxima después de que el gobernador republicano Ron DeSantis firmara una nueva ley de migración en mayo.
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Considerada como una de las más estrictas de todo el país, la norma criminaliza el transporte de migrantes que carecen de estatus legal permanente, invalida todo tipo de identificación que tengan e impide a los gobiernos locales que les suministren tarjetas de identidad. Exige además a los hospitales que pregunten a los pacientes sobre su estatus migratorio y a las empresas con más de 25 empleados que verifiquen si sus trabajadores tienen autorización legal.
DeSantis, quien está en plena campaña para llegar a la presidencia del país, firmó la ley con la esperanza de conseguir el voto de electores conservadores y ha criticado al gobierno del presidente Joe Biden por permitir la llegada masiva de migrantes a través de la frontera con México.
“Van a ver una oleada masiva de extranjeros ilegales, tienen el deber de garantizar que estas fronteras sean seguras”, manifestó DeSantis al firmar la ley, un día antes de que terminaran normativas federales de migración vigentes durante la pandemia.
Desde entonces, migrantes entrevistados por Associated Press han expresado que sus rutinas cotidianas han cambiado por temor a ser detenidos, separados de sus familias y deportados a sus países de origen.
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Una mujer que pidió no ser identificada por el riesgo de ser detenida dijo que el cambio en la ley le hizo sentir nuevamente un miedo parecido al que la impulsó a salir de su país.
“Me imaginé que veníamos para tener una vida mejor y estar más tranquila y no ha sido así”, dijo. “Siempre está el miedo de que nos pueda pasar algo”.
La hondureña, una madre soltera de 31 años, huyó de la violencia de su país con sus cuatro hijas en 2021 en busca de paz en Estados Unidos. Pidió asilo y trabajó como pintora de casas para sustentar a sus hijas y a su madre, que llegó hace seis años cruzando ilegalmente la frontera y no tiene estatus legal.
Antes de la aprobación de la nueva ley, su madre la ayudaba llevando a las niñas en automóvil a la escuela. Ahora teme que la policía la pare y la detenga por manejar sin licencia de conducir.
En Florida viven cerca de 4.6 millones de extranjeros, la gran mayoría de Latinoamérica. Al menos 825 mil de ellos carecen de estatus migratorio, de acuerdo con la encuesta más reciente del Pew Research Center de 2017.
Cerca de la mitad de esas personas contribuyen significativamente con la fuerza de trabajo y los sectores económicos más importantes del estado, como la agricultura, la construcción, la industria hotelera y de restaurantes, entre otros, de acuerdo con la American Business Immigration Coalition, una red de negocios y empresas que promueven una reforma migratoria nacional.
“(La ley) está impactando su capacidad para seguir con el día a día como solían hacerlo”, dijo Shalyn Fluharty, abogada de migración y directora ejecutiva de American for Immigrant Justice, una organización sin fines de lucro que ofrece asesoramiento legal a personas de escasos recursos.
Expertos como Fluharty describen la ley como vaga y confusa. Aseguran que genera preocupaciones sobre detenciones y acusaciones penales a personas que no tienen forma de saber que la ley puede afectarles, incluyendo ciudadanos estadounidenses que pudieran estar manejando y trayendo al estado en sus vehículos a migrantes sin estatus migratorio legal.
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“El hecho de que (una persona) tenga o no que tener miedo depende realmente de su situación única e individual”, expresó Fluharty.
La realidad, sin embargo, es que no todos pueden ponerse en contacto con un abogado.
Muchos simplemente han cambiado la forma en que viven, incluso familias en las que algunos de sus miembros son ciudadanos estadounidenses y otros no tienen un estatus legal permanente.
Salvador Rosas, por ejemplo, nació en el centro de Florida, igual que sus dos hermanos menores. Los tres son ciudadanos de Estados Unidos, pero otros miembros de su familia no tienen estatus migratorio legal. Entre ellos, sus padres, que llegaron desde México en 1999, y su abuela.
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Antes de que la ley fuera aprobada, la familia solía ir en automóvil una o dos veces al año a visitar a la abuela que vive en Chicago, a unos mil 600 kilómetros hacia el norte. Ahora, tanto los padres de Rosas como la abuela temen ser detenidos y han cancelado todos los planes de viaje.
“Eso ya está siendo muy difícil”, dijo Rosas, un estudiante universitario de negocios.
El temor de Rosas no es infundado: las autoridades ya están haciendo cumplir la nueva ley.
