EFE.– El presidente de Chile, Gabriel Boric, denunció este viernes amenazas contra él y contra su familia en su ciudad natal de Punta Arenas, ubicada al sur del país, presuntamente vertidas por grupos de extrema derecha.
En un breve mensaje difundido a través de las redes sociales, el mandatario volvió a reiterar que se ha cruzado un límite y que no todo vale a la hora de lanzar críticas.
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“La madrugada de ayer un grupo de ultraderecha fue a tirar panfletos afuera de la casa de mis padres en Punta Arenas. Más allá de las amenazas personales de estos grupos que son cada vez más comunes, que lo hagan con mi familia cruza cualquier límite. No todo vale”, advirtió Boric.
El mensaje se produce escasas horas después de que la casa de la familia Boric en la Patagonia apareciera sembrada de panfletos en los que se podía leer “comunista Boric, fuera del país”, y el dibujo esquemático de un hombre ahorcado.
El aniversario de los 50 años del golpe de Estado de la cúpula del Ejército chileno, contra el gobierno democrático del socialista Salvador Allende, ha agudizado el intenso clima de polarización política y división social que sacude Chile.
Tanto la derecha tradicional como la ultraderecha se negaron a firmar el documento propuesta de condena explícita del golpe, además de la llamada a la unidad y la reconciliación planteada por el mandatario, y boicotearon los actos oficiales, en los que participaron jefes de Estado, activistas de los derechos humanos locales e internacionales, artistas y familiares del más de un millar de detenidos desaparecidos, de los que medio siglo después no se conoce su destino.
La ultraderecha fue un paso más allá e incluso justificó el golpe, responsabilizó del mismo al propio Allende y a sus políticas sociales, lo calificó de inevitable y eludió la condena explícita a los crímenes cometidos durante la represión dictatorial.
Chile está, además, sumido en un controvertido proceso para sustituir su actual Constitución, escrita en 1980 por la dictadura y enmendada ligeramente en democracia, proceso que tras el rechazo al borrador progresista sometido a referéndum el 4 de septiembre de 2022, ahora lidera una constituyente en la que la mayoría absoluta corresponde a la derecha y la ultraderecha.
En los últimos días, diversos actores sociales han denunciado las medidas regresivas que están introduciendo a través de enmiendas en el texto —que se votará en diciembre—, ambas corrientes al amparo de su mayoría, y que suponen retrocesos en materia de derechos y el fin de algunos ya adquiridos.
