EFE.- El gobierno de México expresó este jueves su “gran preocupación” por el fallo de un juez en Estados Unidos que declaró ilegal el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), en el que la mayoría de beneficiarios son de origen mexicano, a quienes ofreció apoyo.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) toma nota con gran preocupación de la decisión de la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas de declarar inconstitucional el programa de Acción Diferida para Personas Llegadas en la Infancia, que impacta a más de 580 mil personas, en su gran mayoría mexicanas”, indicó la Cancillería en un pronunciamiento.
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El gobierno mexicano reaccionó al fallo que desestimó el miércoles el intento de la administración de Joe Biden de registrar el plan en la ley federal con la esperanza de protegerlo ante las demandas en su contra y de favorecer así a los más de medio millón de beneficiarios del amparo migratorio.
DACA, que comenzó en el gobierno de Barack Obama (2009-2017), ha permitido a más de medio millón de migrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad permanecer y trabajar en el país sin miedo a la deportación.
La Cancillería mexicana defendió que “las personas beneficiarias de DACA han contribuido de manera significativa al desarrollo económico, social y cultural de Estados Unidos, y representan un vínculo invaluable” con México.
Por ello, ofreció “seguimiento puntual al proceso judicial que esta decisión implica” y un acercamiento con los “dreamers“, como se le llama a los beneficiarios del programa.
También prometió apoyo a los interesados mediante el Programa de Asesorías Legales Externas (PALE), por lo que invitó a acercarse al consulado de México más cercano.
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“A través de la red consular en Estados Unidos se reforzarán las acciones de asistencia y protección consular a esta población a través de asistencia legal, diagnósticos migratorios y posibles apoyos económicos a partir de las necesidades en cada caso”, indicó la SRE.
DACA comenzó como una medida temporal, pero el presidente Donald Trump (2017-2021) decidió terminarlo en el primer año de su mandato, lo que desencadenó un efecto dominó de demandas y contrademandas en cortes que llevaron a la situación actual.
