Por Jaime Luis Brito / Corresponsal
El abogado defensor de Uriel Carmona Gándara, Pedro Nava, confirmó que el funcionario fue aprehendido por cuarta ocasión, esta vez por una carpeta de investigación que abrió la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, en que lo acusa de cometer actos de tortura en contra de un detenido de nombre Luis Alberto, apodado “El Diablo”.
El miércoles el fiscal anticorrupción de Morelos, Juan Salazar Núñez, pidió licencia sin goce de sueldo al cargo para participar en el proceso de elección de magistrados del Poder Judicial local, en su lugar, como encargado de despacho asumió el vicefiscal adjunto Édgar Rodolfo Núñez Urquiza.
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De acuerdo con Pedro Nava, fue este funcionario quien armó la carpeta de investigación y luego acudió a solicitar una orden de aprehensión para detener a Carmona luego de que se supo que el séptimo tribunal colegiado lo había dejado en libertad.
Según la defensa, tanto Núñez Urquiza como el juez que emitió la orden de aprehensión están violando la ley, pues todos los funcionarios de justicia saben que la constitución de Morelos protege al fiscal con un fuero, lo que ya fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Uriel Carmona, Juan Salazar Núñez y Édgar Rodolfo Núñez Urquiza fueron designados como funcionarios de procuración de justicia por el Congreso de Morelos a propuesta del exgobernador Graco Ramírez.
En entrevista telefónica, Pedro Nava afirmó que el debido proceso contra Uriel Carmona se ha violado desde el 4 de agosto, día en que fue detenido en su domicilio en Cuernavaca en medio de un operativo en el que participaron elementos de la Marina, de la policía de Morelos y de la fiscalía de la Ciudad de México.
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Aseguró que la defensa no ha podido tener comunicación con el fiscal, pero que esperaban que a las 13:00 horas se llevara a cabo la audiencia de imputación en este nuevo proceso que le han abierto, ahora desde la Fiscalía Anticorrupción de Morelos.
Respecto a que las autoridades hubieran mantenido preso a Carmona en el penal de máxima seguridad del Altiplano, existen diversas hipótesis, como la de mantener su seguridad personal.
No obstante, Nava sospecha que “están fraguando algo para continuar dejándolo en la cárcel. Si le hubieran permitido salir de Almoloya, tal vez no hubieran podido, y voy a usar esta expresión que no debería, no lo hubieran podido ‘reaprehender’”, sostuvo.
La nueva acusación por el que se le imputa a Carmona se remonta a abril de este año, cuando tres jóvenes, dos hombres y una mujer, regresaban de la Ciudad de México en su vehículo cuando de pronto perdieron comunicación con su familia en Cuernavaca. Fueron reportados como desaparecidos.
Dos días después, en medio de protestas de familiares y amigos, sus cuerpos fueron hallados en un paraje del municipio de Huitzilac. Al día siguiente, la fiscalía de Morelos llevó a cabo un operativo en Huitzilac, particularmente en el domicilio de Luis Alberto. Según la dependencia, en el lugar fueron encontradas pertenencias de las víctimas.
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“El Diablo” fue detenido y presentado ante una jueza. Sin embargo, fue dejado en libertad con el argumento de que las evidencias fueron conseguidas de manera ilícita, pues los agentes que realizaron el operativo no contaban con orden de cateo, lo que implicaba que las mismas pudieron ser “sembradas”. Además, la jueza Alejandra Trejo aseguró que el detenido se quejó de haber sido torturado.
Esta decisión provocó un enfrentamiento verbal y mediático entre el fiscal Uriel Carmona y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea. El pleito incluyó señalamientos de corrupción de ambos bandos. El Poder Judicial dio vista de los señalamientos de tortura a la Fiscalía General de la República (FGR), como se establece en los lineamientos que derivan del Protocolo de Estambul.
Ahora, la fiscalía anticorrupción, la que inició una carpeta de investigación en contra de Uriel Carmona, misma que será conocida por sus abogados en las próximas horas. “El uso político de la justicia en este caso es evidente. Hace rato me decía alguien, ‘si eso le hacen a un fiscal que tiene medios, que tiene fuero, imagínate lo que nos harán a nosotros’”, concluye Pedro Nava, defensor del fiscal.
