El Senado de la República aprobó este miércoles una iniciativa que reforma el artículo 225 del Código Penal para sancionar a servidores públicos que difundan el contenido de una carpeta de investigación.
Por unanimidad de votos, los senadores aprobaron el dictamen —impulsado por las comisiones de Unidad y Justicia, y Estudios Legislativos, Segunda— para sancionar con hasta 15 años de prisión a los funcionarios que distribuyan imágenes, audios, videos, indicios, hallazgos, evidencias, objetos, instrumentos que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal.
“A la persona servidora pública que difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta, a quien no tenga derecho o facultad para ello, imágenes, audios, videos, información, indicios, hallazgos, evidencias, objetos, instrumentos, que obren o se encuentren en una carpeta de investigación, en un proceso penal o estén relacionados con las condiciones personales de la víctima o las circunstancias del hecho que la Ley señale como delito, se le impondrá prisión de seis a diez años y multa de quinientos a mil Unidades de Medida y Actualización”, se lee en el documento.
Tras su aprobación en el Senado, el dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para que sea analizado y discutido por los legisladores, y, en su caso, aprobado
El dictamen también establece que las sanciones aumentarán en caso de que se difunda material de las víctimas y estas sean niños, adolescentes mujeres o que la información corresponde a cadáveres.
El 5 de septiembre, la hermana del fallecido actor Octavio Ocaña, Bertha Ocaña, junto con la diputada priista Silvia Sánchez Barrios, presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para incrementar las penas de prisión a servidores públicos y personas que difundan y lucren con fotos o evidencias de víctimas de un hecho delictivo.
Te sugerimos: Morena en el Senado pide tiempo a la oposición para lograr consensos internos sobre los comisionados pendientes del INAI
La iniciativa conocida como “Ley Ocaña” pretende “incrementar las penas de prisión de dos a seis años, a tres a siete años de prisión, a la persona servidora pública que, de forma indebida resguarde, difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, fotografíe, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada” de un hecho delictivo.
