Por José Gerardo Mejía
La Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que no sólo se exija al agresor la desocupación del domicilio que comparte con la víctima, sino también se garanticen que pagará créditos contraídos para comprar la propiedad, como parte de la protección dictada por la autoridad.
Itzel Josefina Balderas Hernández, diputada del Partido Acción Nacional y promotora de la iniciativa, explicó que el objetivo es impedir que los violentadores utilicen la casa o bienes patrimoniales como medio para chantajear a las víctimas, y también promover, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), facilidades para que las víctimas de violencia adquieran o mejoren su vivienda.
“Los violentadores después de abandonar el domicilio conyugal, ponen en venta o venden los bienes, incluyendo el menaje del hogar, con la intención de que las víctimas se sientan atadas a sus agresores por miedo a perder su vivienda o patrimonio”, indicó Balderas Hernández.
El dictamen, que se aprobó en la sesión de este martes con 424 votos a favor, busca también imposibilitar la venta o renta de los bienes comunes que estén en sociedad conyugal.
El dictamen establece que se solicitará una fianza para garantizar que no realizará mal uso de los bienes en común de los cuales el agresor tenga la posesión.
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El documento aprobado adiciona la fracción VII del artículo 34 Quáter y una fracción VIII al artículo 46 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y fue remitido al Senado de la República para su discusión y en su caso, votación.
