El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó tres impugnaciones presentadas por la Consejería Jurídica del Ejecutivo para evitar la divulgación de información relacionada con las vacunas contra la Covid-19.
En la sesión de este martes, los ministros de la Corte determinaron que la Secretaría de Salud debe difundir la información relacionada con el procedimiento para la autorización de uso de emergencia, la identificación de los frascos y de los equipos de refrigeración utilizados para las vacunas contra la Covid-19
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La Corte confirmó con este fallo las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emitidas en 2021 y 2022.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal argumentaba que la publicación de esa información atentaba contra la seguridad nacional.
En el caso del procedimiento para el uso de emergencia, el pleno de la SCJN ordenó a la Secretaría de Salud presentar una versión pública en la que no incluya aspectos privados relacionados con el contrato de compra, como precios, costos, detalles y calidad del producto, entregas, garantías, pedidos, facturación y pagos.
El ponente de este caso, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, precisó en la sentencia que con ello se contribuirá a “consolidar ejercicios democráticos en la ciudadanía, genera confianza en la población que va a ser inmunizada y, entre otras cosas, permite conocer la eficacia de los procesos de autorización para las vacunas“.
Sobre las vacunas y el equipo de refrigeración empleado en el plan nacional de inmunización contra La Covid, las autoridades sanitarias deberán entregar la información, con las claves, códigos, números de identificación, tanto de las inyecciones como de las cámaras de frío, refrigeradores, termos y vehículos empleados.
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“Cualquier otro dato de identificación único de cada uno de los frascos ‘ámpulas’ de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, que han sido, y no, aplicadas en el país hasta la fecha”, precisó.
El pasado 21 de agosto, la SCJN determinó reservar por cinco años los contratos del gobierno para adquirir las vacunas contra la Covid-19, bajo el argumento de posible riesgo para la seguridad nacional.
Además, estableció que es posible difundir una versión pública de los contratos de adquisición de las vacunas que no contengan información confidencial, como datos personales.
Luego de esa resolución, 10 días después, ordenó a la Secretaría de Salud publicar la información de las vacunas contra la Covid-19 que hayan caducado antes de ser administradas.
