Autoridades de Colombia incautan cuatro fincas de lujo y ocho predios vinculados a dos exjefes paramilitares

Autoridades de Colombia incautan cuatro fincas y ocho predios que pertenecían a dos exjefes paramilitares
Foto: Fiscalía de Colombia

 EFE.- Un juez impuso medidas cautelares a cuatro millonarias fincas que supuestamente pertenecieron a dos exjefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, así como ocho predios relacionados con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”, informó este lunes la fiscalía.

Se trata de cuatro fincas que pertenecieron a “Jorge 40”, excomandante del Bloque Norte de las disueltas AUC, valoradas en un total de más de 25 mil millones de pesos (6.1 millones de dólares o unos 5.7 millones euros).

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La primera, denominada finca Matuzalén, está ubicada en Sabanas de San Ángel, en el caribeño departamento de Magdalena, y habría sido utilizado como centro de reuniones del Bloque Norte de las AUC, según la fiscalía, que indica que realmente está vinculada a Leónidas Duque Hurtado, hombre de confianza de “Jorge 40”.

Los otros tres inmuebles son las fincas El Joropo, El Prado y la Pechichona, también en Magdalena y Valledupar (Cesar), que estarían a nombre de una empresa y de la esposa de “Jorge 40”, quien fue extraditado en 2008 a Estados Unidos, acusado de narcotráfico y en 2020 fue devuelto a Colombia, donde se le acusa de numerosos crímenes y desplazamiento forzado.

A “Macaco” se le vincula con los otro ocho lotes ubicados en la vereda Las Cruces de Filandia (en el departamento del Quindío, en el eje cafetero, los cuales tienen una extensión de 152 hectáreas y están valuados en más de 12 mil 171 millones de pesos (casi 3 millones de dólares o 2.7 millones de euros).

“La fiscalía ha identificado patrones comunes usados con el fin de ocultar las propiedades de alias ‘Macaco’, como transacciones, testaferros y la constitución de fiducias para esconder la negociación, los dineros y la titularidad de los predios”, apuntó el ente acusador.

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Todos los bienes cuentan ya con medidas cautelares de embargo, y suspensión del poder dispositivo y serán entregados por la fiscalía al Fondo para la Reparación a las Víctimas para su administración.

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