Foto: Cuartoscuro
Los juzgadores de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respaldaron el proyecto presupuestal 2024 que presentó la ministra presidenta Norma Piña Hernández y en el que se plantea un aumento de 4% respecto al año anterior.
El presupuesto del Poder Judicial de este año fue de 78 mil 544 millones de pesos y, con el aumento del 4%, para el siguiente año sería de 81 mil 686 millones de pesos, si la Cámara de Diputados aprueba la propuesta enviada.
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“Respaldamos el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2024, presentado para su aprobación a la Cámara de Diputados, por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández“, dieron a conocer por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales.
En el posicionamiento, los juzgadores se refieren a los “Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura de Naciones Unidas”, en los que se establece que “cada Estado miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones”.
Del presupuesto de 81 mil 686 millones de pesos para 2024, se plantea que 6 mil 109 millones de pesos se destinen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 74 mil 793.3 millones de pesos, al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y 3 mil 890 millones de pesos al Tribunal Electoral.
La asociación consideró al presupuesto “un elemento indispensable” en el documento firmado por el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la JUFED.
En la publicación se compartió también una imagen en la que se afirma que el presupuesto actual del Poder Judicial representa el 0.26% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y el 0.9% del gasto neto total proyectado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
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“La asignación presupuestal al Poder Judicial Federal en nuestro diseño constitucional responde a un indispensable ejercicio de contrapesos entre los poderes”, señaló ayer la ministra presidenta de la Suprema Corte.
“El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de derecho”.
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